El juez de Delitos Económicos Humberto Otazú otorgó medidas alternativas a la prisión a Miguel Prieto e impuso las siguientes reglas de conducta para el político esteño tras comparecer en audiencia.
- Comparecencia trimestral.
- Prohibición de salir del país.
- Una fianza real hasta cubrir la suma de G. 350 millones.
Con esta decisión judicial el exintendente puede continuar en libertad mientras se desarrolla la investigación por el presunto daño patrimonial de G. 757.166.276 que el Ministerio Público atribuye al pago irregular de obras que no se ejecutaron en el Hospital Regional de Ciudad del Este.
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“Me presenté a la audiencia porque creo que puedo demostrar que la fiscalía miente. Me acusan de un daño patrimonial de G. 700 millones que no está justificado de los G. 11.000 millones que se transfirió al Consejo local de Salud”, dijo Miguel Prieto al salir de la audiencia.
Agregó que es una de las 47 causas que siguen activas y que cree que demostrará su inocencia, agregó que tres causas ya fueron desestimadas. Sostiene que buscan amedrentarlo para que baje su candidatura a la presidencia.
Diputado investigado
En el proceso por supuesta lesión de confianza también están imputadas diez personas, entre ellas el diputado Walter García (Yo Creo) y el concejal Sebastián Martínez Insfrán, integrantes del Consejo Local de Salud.
Según los datos, el Ministerio Público investiga las obras que incluyeron refacciones, remodelaciones de pabellones y la construcción de un pabellón de UTI durante la pandemia por el covid.
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Según la Fiscalía, los trabajos fueron realizados sin fiscalizador ni planificación adecuada, y el monto pagado excedería lo efectivamente construido. Las empresas Servmaq y M&M Constructora fueron las encargadas de ejecutar las obras.
Los fiscales Silvio Corbeta, Yeimy Adle Monges y Verónica Valdez son los encargados de la investigación tras la denuncia presentada por el polémico político Celso “Kelembu” Miranda.