Piden a Contraloría exámenes de correspondencia de jueces salpicados en la “mafia de los pagarés”

Movilización de la Coordinadora de víctimas de la mafia de los pagarés.
Movilización de la Coordinadora de víctimas de la mafia de los pagarés. Gentileza

La Cámara de Senadores aprobó un pedido de informes a la Contraloría General de la República centrado específicamente en los exámenes de correspondencia patrimonial realizados a magistrados investigados en el esquema de la denominada “mafia de pagarés”. El pedido parte de la comisión “Antimafia de Pagarés” que busca esclarecer posibles irregularidades en el sistema judicial.

Los exámenes de correspondencia de la Contraloría General Radical Auténtico son auditorías que comparan los ingresos declarados por funcionarios públicos con su patrimonio real, con el objetivo de detectar inconsistencias o posibles enriquecimientos ilícitos.

En este caso, el Senado apunta a conocer si existen desbalances entre ingresos y bienes de jueces de paz que fueron sumariados o suspendidos en la trama delictiva.

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La resolución del Senado solicita a la Contraloría:

  • Copia de todos los informes de exámenes de correspondencia
  • Resultados de auditorías patrimoniales realizadas
  • Detalles sobre posibles inconsistencias detectadas

El organismo tiene un plazo de 15 días para remitir la documentación requerida, en el marco de lo establecido por la Constitución Nacional.

Magistrados bajo análisis patrimonial

El pedido incluye a ocho jueces de paz de Asunción vinculados al esquema investigado, quienes ya enfrentaron procesos administrativos:

  • Gustavo Villalba Báez
  • Nathalia Garcete Aquino
  • Analía Cibils Miñarro
  • Liliana González de Bristot
  • Víctor Nilo Rodríguez Acosta
  • Elvira Franco
  • Gloria Machuca Cardozo
  • Alejandro Peña Yegros

El foco ahora está puesto en determinar si sus patrimonios guardan relación con sus ingresos legales. El acceso a estos informes podría ser determinante para confirmar o descartar enriquecimiento ilícito, identificar movimientos financieros sospechosos y fortalecer eventuales acciones judiciales o políticas

El Senado aclaró en su resolución aprobada que la información será manejada con estricta confidencialidad y utilizada exclusivamente para la investigación en curso, respetando las normas de protección de datos.