El cruce se dio durante la sesión extraordinaria del Senado, en medio del debate por la presunta prescripción de la causa que involucra al legislador Hernán David Rivas por el supuesto uso de un título falso de abogado.
Ante el reclamo de Samaniego -quien cuestionó que el Jurado haya fijado el 7 de mayo como fecha para habilitar una investigación oficiosa- Varela fue enfático en bajar el tono de urgencia.
“No es imperativo que se habilite una investigación preliminar en esa fecha, ni es obligatorio que se trate en la próxima sesión”, explicó.
El senador sostuvo que la interpretación sobre una supuesta decisión ya tomada es incorrecta y que el tema podría tratarse o no, dependiendo del criterio de los miembros del órgano.
Esperar a la Corte Suprema
Uno de los puntos centrales de su respuesta fue que el caso aún se encuentra en trámite ante la Corte Suprema de Justicia, específicamente en la Sala Constitucional, tras una presentación de la Fiscalía.
En ese sentido, Varela planteó que avanzar antes de un pronunciamiento judicial podría ser improcedente.
“Si todavía no hay una resolución de la Corte, no tendría sentido enjuiciar sobre una decisión que sigue en estudio”, argumentó.
Incluso indicó que dentro del propio Jurado existe una postura compartida por varios miembros: esperar a que se cierre el circuito judicial antes de cualquier intervención disciplinaria.
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El legislador también dejó en claro que, como integrante del Jurado, no puede adelantar opinión sobre el fondo del caso. “No puedo hablar sobre la cuestión de fondo porque vamos a estudiar el caso”, afirmó.
Aseguró que su actuación se regirá por la Constitución y la Ley 6814 que regula el funcionamiento del Jurado, prometiendo objetividad en el análisis. “Vamos a hacer el análisis jurídico correspondiente con absoluta objetividad”, sostuvo.
La respuesta de Varela se dio luego de que Samaniego cuestionara la oportunidad de una eventual investigación, advirtiendo que aún no vencieron los plazos procesales ni existe fallo de la Corte.
Además, la senadora había denunciado que una fiscal fue amenazada para no recurrir el sobreseimiento del caso, lo que calificó como “inadmisible en un Estado de derecho”.