En declaraciones a la prensa, el presidente de la Cámara de Senadores, Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC), señaló que comparte la inquietud generada en torno al tema y que ya solicitó un dictamen técnico para aclarar la legalidad del procedimiento.
“También estoy con esa preocupación y les remití por mensaje un pedido a los asesores del Ejecutivo que opinan lo contrario”, afirmó el titular del Senado.
El legislador agregó que se recurrirá tanto a los asesores jurídicos del Congreso como a especialistas externos, entre ellos el constitucionalista Marcelo Duarte, para obtener una postura sólida.
Asimismo, subrayó que, más allá de la postura del Poder Ejecutivo, el Senado debe contar con su propio respaldo jurídico: “Yo como presidente del Congreso tengo que tener también el dictamen de nuestros asesores y es lo que vamos a hacer”.
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La controversia gira en torno a la legalidad de que un funcionario público ejerza simultáneamente funciones legislativas.
El abogado constitucionalista Hugo Estigarribia fue contundente al calificar el caso como “claramente inconstitucional”, debido a que Liseras no habría renunciado a su cargo en la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), donde representaba a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).
Según explicó, la única forma de subsanar la situación sería mediante la renuncia formal al cargo anterior.
La senadora Yolanda Paredes, del Partido Cruzada Nacional (CN), cuestionó duramente el procedimiento, afirmando que el juramento de Liseras es “nulo” y, por ende, inconstitucional.
La legisladora sostuvo que el Congreso pudo haber sido inducido a error durante el proceso.
Antecedentes similares en el Congreso
El debate también reavivó antecedentes recientes. El senador Ramón Retamozo (ANR disidente) había renunciado a la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) para asumir temporalmente en el Senado en reemplazo de Enrique Riera, durante el gobierno de Mario Abdo Benítez.
Este caso es citado como ejemplo de cumplimiento del requisito constitucional de desvinculación previa del cargo público.
El pronunciamiento de los asesores jurídicos del Congreso será clave para definir el futuro de Liseras en el Senado y podría sentar un precedente sobre la compatibilidad de funciones en la función pública.