Durante la sesión extraordinaria de la Junta Municipal de Tomás Romero Pereira, el cuerpo colegiado resolvió, por mayoría, rechazar la ejecución presupuestaria del intendente Hernán Ysidro Rivas, correspondiente al ejercicio fiscal 2025. El jefe comunal colorado cartista es padre del senador con permiso Hernán David Rivas.
Estuvieron 10 concejales presentes en la sesión de la Junta Municipal de Tomás Romero Pereira, de los cuales 8 votaron por el dictamen de rechazo y hubo dos abstenciones.
Por quinto año consecutivo desde que asumió en la municipalidad, la Junta detectó irregularidades en la gestión del dinero público. Incluso, tras un informe de la Contraloría General de la República, existe una causa abierta que investiga el ejercicio fiscal 2023 en la Unidad Especializada contra Delitos Económicos, a cargo del fiscal Néstor Coronel. Esta investigación, llamativamente, no tuvo avances.
Las irregularidades que detectaron los ediles tienen que ver con la presunta manipulación de documentos respaldatorios para justificar compras de insumos que no llegaron a los supuestos beneficiarios. Entre ellas, detallaron compras de tubos que figuran como entregados a comisiones, pero los supuestos beneficiarios alegan que no recibieron nada de lo que figura en los papeles.
Entretanto, el político del oficialismo se lanza como precandidato por Honor Colorado para las elecciones internas, en búsqueda del rekutú, cuando cerrará su período sin ninguna de sus ejecuciones presupuestarias aprobadas por el cuerpo contralor de la comunidad.
Cuando intentamos comunicarnos con el intendente, nos respondió una persona quien dijo ser el secretario, quien quedó en dejarle el mensaje de que queríamos tener su versión. Permanecemos abiertos en caso de que desee referirse al tema.
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Remitirán denuncias
El edil Concepción Martínez (independiente) explicó que aguardarán el período administrativo para ver si el Ejecutivo responde a las irregularidades detectadas en la evaluación de su ejecución presupuestaria. Posteriormente, si no se justifican, serán remitidas a las instancias correspondientes, entre ellas la Contraloría General de la República y el Ministerio Público.
Los ediles remitieron cada año los antecedentes y los pedidos de intervención de la municipalidad, y ninguno fue atendido por las autoridades correspondientes.
En junio de 2024, los fiscales Natalia Fúster, Reinaldo Castillo y Walter Castro realizaron sendos allanamientos en Tomás Romero Pereira, indagando un presunto daño patrimonial de cerca de G. 9.000 millones en la administración del padre del legislador. Desde entonces, no se han tenido avances de la causa en el ámbito penal y parece ocupar el mismo “freezer” que los pedidos de intervención.
El pasado 21 de abril, a pedido del diputado cartista Esteban Samaniego (imputado), una mayoría en la Cámara de Diputados aceptó postergar por 60 días, hasta después de las elecciones internas del 7 de junio, la definición de siete pedidos de intervención a intendentes sospechados de corrupción, entre ellos Hernán Ysidro Rivas.
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¿Justicia selectiva?
El intendente de Tomás Romero Pereira, Hernán Ysidro Rivas Román (ANR-HC), promovió la querella contra los concejales Edgar González y Concepción Martínez, alegando que sus declaraciones buscaban dañar su reputación. Sin embargo, el trasfondo del conflicto apunta a cuestionamientos realizados por los ediles sobre la administración municipal de Rivas Román.
El Tribunal de Sentencia Penal Nº 5 de Encarnación resolvió elevar a juicio oral y público una causa por presunta calumnia y difamación contra dos concejales de Tomás Romero Pereira. Se fijó la audiencia del juicio oral y público para el 14 de octubre de 2026, a las 10:00.
Los concejales pusieron en duda un informe del Ejecutivo municipal relacionado con un cheque de G. 100 millones. Ocho días después de las críticas, el intendente Hernán Ysidro Rivas remitió un nuevo informe con un contenido distinto, lo que generó aún más interrogantes.
A pesar de tratarse de cuestionamientos en el ámbito de la gestión pública —un terreno donde el control y la fiscalización son funciones propias de los concejales—, la respuesta del jefe comunal fue llevar el caso a instancias judiciales. La jueza Marcela Escobar resolvió admitir todas las pruebas presentadas, incluidas documentaciones, registros audiovisuales y publicaciones en redes sociales, lo que habilita el inicio del juicio oral y público.