La llamada “mafia de los pagarés” es un esquema delictivo con unas 17.000 víctimas, integrado por actores privados (empresas de crédito o venta de productos, firmas de cobro de deudas, abogados particulares, etc.) y funcionarios públicos (jueces de paz, actuarios judiciales, ujieres y demás) que opera hasta ahora ejecutando el cobro de supuestas deudas, que pese a ser canceladas, seguían siendo cobradas una y otra vez a las víctimas.
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Esto mediante la ejecución vía judicial y descuentos automáticos de su salario principalmente a funcionarios públicos, utilizando un mismo pagaré de manera casi infinita, con la connivencia de la justicia.
Es decir, el origen del esquema delictivo se sustenta en no devolver los pagarés tras la cancelación de la deuda, y ejecutarlos una y otra vez con la complicidad judicial, que incluso permitía iniciar juicios de cobro con simples copias “autenticadas” y en paralelo en diferentes juzgados.
Es por ello que ayer, Diputados aprobó en general y comprometió su estudio en particular como primer punto de la sesión del próximo martes 26 del proyecto de ley "que establece la restitución de los pagarés con la extinción de la obligación y dispone un régimen sancionador”, que ya tiene la media sanción del Senado.
Así como ya está sancionada y se espera la promulgación por parte de Santiago Peña del proyecto que obliga a que los pagarés y otros documentos de cobro originales queden depositados en los Juzgados, y una vez cancelada la deuda se devuelvan al deudor, falta esta otra pata para obligar a las empresas a la devolución bajo amenaza de sanciones.
“Se establece un plazo de 5 días hábiles como tiempo máximo para que el acreedor devuelva al deudor este instrumento tan famoso (pagarés) por este esquema rotulado por la ciudadanía como ‘Magia de los pagarés’”, comentó el diputado Néstor Castellano (ANR, HC) sobre una de las disposiciones principales del proyecto.
Esto con el fin de eliminar las excusas para la devolución, incluso a veces el extravío del documento, lo cual al final termina en sorpresa para la víctima, ya que tiempo después se entera de que utilizaron ese pagaré para ejecutarle el cobro por una deuda que ya canceló.
Castellanos acotó que como forma de obligar a los acreedores a la devolución, “se establece una sanción del pago del 20% del total de la deuda imputable al acreedor cuando no proceda a la entrega del pagaré”.
No obstante, el líder de la bancada cartista en Diputados, Miguel Del Puerto pidió postergar hasta este martes 26 el estudio en particular, alegando querer hacer pequeños cambios que aún no fueron especificados.
“Se van nuestros compatriotas a la playa de autos (u otra empresa de otro rubro) y les dicen: Señor, su pagaré aún no está disponible, está en el departamento de créditos. Vuelve nuevamente y le dicen: No está disponible, está en tesorería, vuelva la próxima semana, o que está en la escribanía... un sinfín de excusas que hacen que el pobre paraguayo (...) se canse y termine dejando de reclamar este documento que luego, evidente, es utilizados por grupos delictivos, mafiosos” para luego “estafar, engañar y arruinar la vida de muchos paraguayos/as”, insistió Castellanos.
En el caso de sufrir modificaciones, el proyecto deberá retornar al Senado para su tercer trámite legislativo.