Los miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuesto habían recomendado rechazar la rendición de cuentas del intendente Emmanuel Morán Leguizamón (Alianza), tras detectar supuestas inconsistencias financieras y la falta de documentos que justifiquen los gastos.
Ante esta situación, cuatro concejales solicitaron también una auditoría especial a la Contraloría General de la República (CGR).
El rechazo al veto del intendente se dio en una votación dividida: cuatro concejales —todos del Partido Colorado— votaron por la desaprobación: Alberto Pesoa, Irene Aguilera, Víctor Alfonso y Ramón Cuenca.
Mientras que cinco ediles optaron por la abstención: Cantalicio Santa Cruz Ayala, Wilson Recalde, Milciades Benítez y Robert Raúl Riveros, todos colorados, y Ariel Valdez (PLRA). Con esta decisión, quedó firme el veto del intendente y aprobada la ejecución presupuestaria del ejercicio fiscal 2025.
Intendente presentó el descargo
El intendente municipal vetó el rechazo de su rendición de cuentas y realizó el descargo sobre las supuestas irregularidades que fueron señaladas en un dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Junta Municipal.
Sin embargo, tampoco convenció a los concejales y mantuvieron sus posturas: el grupo de cuatro ediles ratificó el rechazo al veto del intendente, mientras que los otros cinco se abstuvieron de votar, allanando así el camino para que quedara firme el veto y, por ende, la rendición de cuentas del Ejecutivo municipal.
La concejal Irene Aguilera (ANR) señaló que el intendente presentó su descargo mediante nota, pero sin adjuntar documentos respaldatorios.
“No es un capricho; nosotros los concejales también debemos cuidarnos, porque el día de mañana se puede hacer una auditoría y nadie observó nada”, expresó.
Sostienen que existen irregularidades
En caso de que Morán no sea reelecto, quedaría pendiente para la próxima administración indagar las observaciones realizadas por la Comisión de Hacienda, entre ellas una supuesta diferencia de G. 54.881.625 sin justificación en el balance general, además de gastos por G. 437.561.572 en bienes de consumo sin documentos ni registro de stock.
En inversión física se reportó una ejecución de G. 863.414.527, pero solo se verificaron adjudicaciones por G. 207.900.000, dejando una diferencia de G. 655.514.527 sin respaldo.
Entre los hallazgos, se menciona la emisión de un cheque del Banco Nacional de Fomento antes de la orden de pago, lo que vulneraría la Ley 1535/99. También se detectaron pagos sin respaldo patrimonial por G. 41.536.750 y desembolsos de hasta G. 115.000.000 en obras sin certificación técnica.
Además, se observaron transferencias de G. 24.155.675 del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) a otros fines, así como un faltante de documentos por aproximadamente G. 317.000.000 en el rubro de obras.