Durante la etapa de oradores de la sesión ordinaria de la Cámara Alta, el senador Rafael Filizzola (PDP) sostuvo que la sentencia incurre en una grave contradicción jurídica al argumentar que la resolución que permitió la pérdida de investidura de Kattya González (independiente) no estaba vigente porque el acta de la sesión aún no había sido aprobada.
Según el legislador del Partido Democrático Progresista (PDP), si ese criterio fuera válido, entonces los propios ministros que votaron por rechazar la acción deberían abandonar sus cargos, ya que fueron designados y prestaron juramento antes de que el Senado aprobara las actas correspondientes a sus nombramientos.
La parte más dura de su discurso estuvo dirigida a los ministros que sostuvieron que la resolución parlamentaria utilizada para la pérdida de investidura no estaba vigente porque el acta de la sesión correspondiente aún no había sido aprobada.
La contradicción de los ministros que rechazaron la acción
Filizzola calificó ese razonamiento de insostenible y recordó que las leyes y resoluciones entran en vigor desde su sanción y promulgación, no desde la aprobación posterior de las actas legislativas. “¿Desde cuándo una ley entra en vigencia cuando se aprueba el acta? Nunca”, afirmó.
Para respaldar su argumento, exhibió documentos sobre los nombramientos de ministros de la Corte y aseguró que varios de ellos fueron confirmados por el Poder Ejecutivo y prestaron juramento antes de que el Senado aprobara las actas respectivas.
“Los cuatro que dicen que el reglamento no estaba vigente porque no se aprobó el acta tienen que irse a su casa si son coherentes, porque su designación sería nula”, lanzó.
“No nos metemos con ustedes, no se metan con nosotros”
Filizzola sostuvo además que la Corte evitó deliberadamente analizar cuestiones de fondo relacionadas con el reglamento utilizado para la pérdida de investidura y con las supuestas contradicciones existentes en el artículo 201 de la Constitución Nacional.
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A su juicio, el fallo refleja una renuncia al papel de control constitucional que corresponde al Poder Judicial. “Acá lo que ha hecho la Corte es decir: ‘No nos metemos con ustedes, no se metan con nosotros’”, cuestionó.
El senador describió esa situación como una “feudalización” de la división de poderes, donde cada institución evita controlar a las demás.
Cuestiona el argumento de las “cuestiones no justiciables”
El parlamentario también rechazó la tesis utilizada por algunos ministros respecto a que determinados actos parlamentarios no pueden ser revisados judicialmente.
Explicó que incluso las decisiones más discrecionales del Poder Ejecutivo, como el nombramiento de ministros del Poder Ejecutivo, pueden ser sometidas a control constitucional cuando incumplen requisitos establecidos por la Carta Magna.
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“Si el presidente nombra a un ministro que no tiene la edad requerida o no cumple las condiciones constitucionales, ese acto es inconstitucional. Por más discrecional que sea la facultad”, argumentó.
En ese sentido, sostuvo que el Poder Judicial tiene la obligación de analizar cualquier acto cuando se denuncia una eventual violación constitucional.
“¿Cómo puede defenderse alguien que nunca fue notificado?”
Otro de los puntos cuestionados por Filizzola fue la conclusión de que no existió una violación invalidante del debido proceso durante el procedimiento que culminó con la expulsión de Kattya González.
El senador afirmó que resulta elemental que cualquier persona sometida a un proceso sea notificada previamente para ejercer su defensa. “Un alumno de secundaria sabe que para que te procesen te tienen que notificar”, expresó.
Asimismo, criticó que la Corte sugiriera mecanismos de defensa que, según dijo, eran imposibles de ejercer porque la entonces senadora desconocía formalmente el proceso en su contra.
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Filizzola también apuntó contra la postura del camarista Esteban Kriskovich, quien consideró que González debía haber agotado mecanismos internos antes de acudir a la justicia constitucional.
El legislador señaló que la reconsideración mencionada en el fallo no constituye un recurso jerárquico y que nunca fue exigida en casos anteriores de pérdida de investidura.
“¿Ante quién se va a recurrir una pérdida de investidura? ¿Ante quién se recurre un juicio político?”, preguntó.
A su entender, la Corte construyó una exigencia procesal inexistente para justificar el rechazo de la acción.