Llamativamente, sin tener siquiera dictamen de comisiones, se incluyó en el orden del día de la sesión ordinaria del próximo martes 16 de Diputados, el proyecto de ley planteado por el diputado cartista Esteban Samaniego para que la ruta que une Caapucú con Quyquyhó (Paraguarí) lleve el nombre de su padre y exsenador colorado.
Proyecto de ley, “que denomina con el nombre de Esteban Samaniego Alemán a la ruta que une las ciudades de Caapucú y Quyquyhó” figura como último punto, pero al figurar en el orden del día no se puede descartar que sea tratado.
Sin sonrojarse por el hecho de que se trataría de un claro caso de conflicto de intereses, el único proyectista es el polémico diputado Samaniego, que registra 4 pedidos de desafuero cajoneados en Cámara Baja, el más antiguo de ellos data de 2019.
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En una escueta exposición de motivos que no pasa de una página, Samaniego alega que “el asignarle el nombre de una personalidad relevante (a una ruta) representa no solo un acto simbólico, sino también un reconocimiento permanente a quienes han contribuido significativamente al progreso de la sociedad”.
El padre del legislador había sido asesinado en 2006 en un ataque a tiros en su estancia por trasfondos políticos, según determinó un Tribunal en el juicio en el que fue condenado el atacante Héctor Lugo Villalba.
“Esteban Martín Samaniego Alemán, a lo largo de su vida, se ha distinguido por su compromiso con la comunidad, su vocación de servicio y su contribución en diversos ámbitos. Su legado constituye un ejemplo digno de ser recordado por las generaciones presentes y futuras”, acota la argumentación del proyecto.
Dicho supuesto “legado” lastimosamente no se refleja en el comportamiento del diputado cartista, que sigue impunemente involucrado en interminables hechos de violencia física y casos de presunta corrupción.
Samaniego tiene pendiente un pedido de desafuero para poder ser juzgado por presunto enriquecimiento ilícito cuando era intendente de Quyquyhó, proceso en el cual están en puertas de ir a juicio su esposa, la también exintendenta Patricia Corvalán y otros familiares del legislador.
A esto hay que sumarle otros tres casos por presunta agresión física y atropello de la residencia, el más antiguo ya data de 2019, siendo apañado por sus colegas durante dos períodos legislativos distintos.
Lo peor es que esa impunidad lo sigue alentando a seguir protagonizando hechos de violencia física principalmente en su feudo, Quyquyhó, donde en las pasadas elecciones internas de la ANR volvió a encabezar junto a sus custodios hechos de violencia grave.