El presidente del Senado, Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC) y el líder de la bancada cartista en la Cámara Alta, Natalicio Chase (ANR, HC) presentaron un proyecto que busca modificar la ley de Transparencia N° 5189/2014 -según afirman- para aumentar la capacidad recaudadora de la Contraloría General de la República (CGR).
Según los proyectistas, con la norma vigente los titulares de entes públicos e intendentes que incumplen la ley a divulgar su planilla de funcionarios y sus salarios, aunque sean multados por la CGR, no son sancionados en la práctica.
Por ello plantean modificar los artículos N° 8 y N° 9 de la ley 5189/2014 ‘Que establece la obligatoriedad de la provisión de informaciones en el uso de los recursos públicos sobre remuneraciones y otras retribuciones asignadas al servidor público de la República del Paraguay.
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Según los cartistas, la Contraloría expresa que si bien existe en el ordenamiento jurídico paraguayo una obligación legal clara —la publicación mensual de las remuneraciones de los funcionarios públicos—, existe una sanción legalmente prevista para su incumplimiento —180 jornales de multa, más de G.21 millones—, sin embargo la mencionada sanción legal no está siendo aplicada.
Cambio: juicio para cobrar multas
Con la modificación plantean que el incumplimiento constituirá título con fuerza ejecutiva para promover la acción judicial de conformidad con las disposiciones de ejecución de resolución judicial previstas en el Código Procesal Civil.
También autoriza a la Contraloría a firmar convenios con el Ministerio de Economía para cobrar las multas.
En cuanto a la determinación del sujeto responsable del pago, el proyecto precisa que dicha responsabilidad recae sobre los titulares de los organismos o entidades públicas que incumplan la obligación de informar prescripta en la Ley N° 5189/14.
El expediente fue presentado por Núñez y Chase en mayo último, pero no avanzó su estudio en comisiones. La iniciativa fue girada a la Comisión de Asuntos Constitucionales; de Defensa Nacional y Fuerza Pública; y de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo.
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Oposición reclama la CGR
La propuesta se presenta cuando la oposición debate reivindicar a la Contraloría como un ente que debe estar fuera del control del oficialismo para un equilibrio de poderes. Actualmente, los opositores acusan al Contralor Camilo Benítez de ser funcional al cartismo siendo un garrote para los enemigos y un salvavidas para los amigos.
Al mismo tiempo, el cartismo avala que decenas de municipios colorados y opositores puedan puentear a la CGR y remitir sus rendiciones al Tribunal de Cuentas. Un proyecto de ley intentó revertir esta situación pero el cartismo se opuso.