El cuestionado exsenador cartista Javier “Chaqueñito” Vera, fue destituido el pasado 30 de marzo tras el escándalo de los audios en los que aparentemente solicitaba favores y encuentros de carácter sexual involucrando a un menor de edad.
Sin embargo, a pocos días de cumplirse tres meses de su salida, no actualizó su declaración jurada ante la Contraloría General de la República, como está obligado por ley, y se expone a una millonaria multa.
Las declaraciones juradas en Paraguay están reglamentadas por la Ley N° 5033/2013 “De las declaraciones Juradas y Bienes” y la Ley N° 7089/2023 “Que establece el régimen de prevención, corrección y sanción de conflictos de intereses en la función pública”.
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Estas normativas obligan a los funcionarios públicos y autoridades electas a reportar sus bienes, rentas, pasivos, activos e intereses ante la Contraloría General de la República (CGR) con el objetivo de garantizar la transparencia y prevenir la corrupción; sin embargo, muchos políticos no lo hacen.
Javier Vera debía actualizar su declaración jurada quince días hábiles después de su destitución, es decir, el 22 de abril; sin embargo, a casi 90 días sigue sin hacerlo.
La Contraloría General abrió un sumario en su contra en la primera quincena de mayo. Estos sumarios administrativos duran por lo general 90 días corridos. Al término, podrían aplicarse multas que pueden llegar hasta el 100% del salario que percibían en la función pública.
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Como senador Chaqueñito Vera percibía G. 37.900.000, por lo cual podría llegar a abonar similar suma en concepto de multa en los primeros días de agosto por no cumplir con las exigencias legales.
Tras su destitución, Javier Vera se volcó nuevamente en sus redes sociales, donde primero comenzó a ofertar varias pertenencias, luego, colgó un vergonzoso video en donde se lo veía pasado de tragos.
Últimamente, está posteando con sus seguidores sobre sus días como asaditero, actividad que ya ejercía en el pasado antes de su recorrido por el Congreso Nacional.
