La declaración testifical del exdirector de Infraestructura del Instituto de Previsión Social (IPS) Gustavo Masi tuvo lugar ayer ante el fiscal anticorrupción Néstor Coronel, encargado de investigar la denuncia sobre supuestas irregularidades en la ejecución del fideicomiso firmado entre la previsional y el Banco Atlas.
“El fideicomiso fue lo más importante que recibí como fuente de financiamiento para poder terminar 14 hospitales. Si yo no hubiese tenido esa plata, no iba a poder terminarlos. No soy mago, ¿de dónde iba a sacar los fondos?”, expresó Masi luego de comparecer ante el agente fiscal.
El exdirector defendió la legalidad y transparencia de este instrumento financiero, asegurando que su única finalidad fue el desarrollo de infraestructura y el equipamiento de diversos centros médicos de la institución previsional.
Asimismo, Masi desmintió categóricamente la supuesta existencia de obras pagadas y no ejecutadas –una de las principales banderas del relato oficialista–, remarcando que todos los proyectos de infraestructura desarrollados bajo su gestión se concretaron en un 100%.
Administra, no fiscaliza
En otro momento, Masi salió al paso de los cuestionamientos hacia el contrato del fideicomiso y aclaró de manera tajante el rol del Banco Atlas, señalando que la obligación de la entidad financiera es exclusivamente la administración de los fondos, no la supervisión de las obras.
“Muchos confunden y creen que el fideicomiso le obliga al banco a fiscalizar las obras. ¡Eso no es así! El banco es el administrador del dinero, no el fiscalizador. Los desembolsos se hicieron de manera progresiva en diferentes años, iniciando en el 2017”, puntualizó.
El exdirector enfatizó que, mediante la denuncia de supuestas irregularidades, “se intenta vender una película que no existe”. Recordó que el fideicomiso es un mecanismo administrativo de estricto marco legal que faculta a la previsional a impulsar proyectos de gran envergadura.
Resaltó que al asumir su cargo encontró obras completamente paralizadas en 14 hospitales de la previsional, las cuales fueron culminadas con éxito gracias a esta vía de financiamiento, logrando además la ejecución de mejoras en otros 13 centros asistenciales del IPS.
“En total hicimos 27 hospitales. Yo no hice solo esos 14 o no hice cuatro: 27 hospitales se hicieron y a todos les dotamos de una infraestructura que necesitaba”, insistió el ex alto funcionario.
Comentó que el hospital Central de la previsional, por ejemplo, no tenía planta de tratamiento para conectarse a la red sanitaria. Dijo que el Hospital Ingavi mediante el fideicomiso también cuenta con una planta de tratamiento de última generación.
“Todo se utilizó y todo está por escrito. Están los certificados de obras que avalan toda la gestión que se llevó adelante. Yo no tengo que inventar nada. Yo no tengo que justificar nada. Yo lo que tengo que contar es la verdad. Todo lo que hicimos”, subrayó.
La contradicción de Peña
Mientras se despliega una intensa campaña para intentar instalar un relato de supuestas irregularidades en el fideicomiso, pero apuntando contra el Banco Atlas –parte del conglomerado al que también pertenece ABC–, tanto la documentación oficial como los testimonios clave ante la Fiscalía desarticulan por completo la narrativa liderada por el propio presidente de la República, Santiago Peña.
El expresidente del IPS Benigno López confirmó días pasados ante el fiscal Néstor Coronel que la Ley N° 5655/2016, que habilitó legalmente el fideicomiso, se gestó y aprobó con el respaldo directo del entonces presidente Horacio Cartes y de su ministro de Hacienda, el propio Santiago Peña. Hoy, el actual jefe de Estado habla de “enormes dudas” sobre una herramienta financiera que él mismo ayudó a diseñar e impulsar desde el Poder Ejecutivo.
Lo cierto es que esta postura coincide directamente con el libreto publicado por medios de su exsocio comercial, el Grupo Vázquez SAE, un conglomerado que ha experimentado un crecimiento extraordinario en la captura de fondos públicos desde el inicio del actual Gobierno.
La contradicción oficialista se profundiza al revisar las firmas del acuerdo fiduciario por G. 828.800 millones, concretado el 13 de diciembre de 2017. Uno de los primeros firmantes y autorizadores de los desembolsos millonarios fue Jorge Brítez, el expresidente del IPS nombrado por Peña.
En aquel 2017, Brítez se desempeñaba como consejero de la previsional y validó con su firma el desembolso de fondos para “otros centros de salud”, que son exactamente las mismas obras que hoy los perifoneros califican de “fantasmas”.