El diputado y proyectista de esta iniciativa, Roberto González, reprochó sobre todo a sus correligionarios que sigan dilatando este proyecto que pretende conceder una pensión equivalente al 25% del salario mínimo, es decir, G. 761.000 en la actualidad, a personas con discapacidad severa certificada por el Gobierno.
“El Partido Colorado es defensor de los desheredados e inauguró la lucha por la justicia social en nuestro país. ¿Cómo es posible entonces que -hoy siendo gobierno- dilatemos un proyecto que busca proteger a las personas con discapacidad? ¿Se volvió tan indolente el coloradismo ante los temas sociales?“, cuestionó González, sobre todo a la mayoría cartista de cuyos votos depende la media sanción.
El proyecto fue aprobado en general a inicios de marzo pasado, y se postergó su análisis en particular a pedido de los cartistas con la excusa de conformar una mesa técnica para ajustar y hacer viable la iniciativa. Sin embargo, cinco meses después nada de eso se hizo.
“Si olvidamos y/o postergamos a los más débiles, dejamos ser fieles a nuestra propia doctrina y a la identidad histórica de nuestro partido. Señor presidente (de la Cámara), distinguidos colegas, no podemos seguir dilatando esto”, insistió González.
Su intento de apelar a la “sensibilidad social” de sus colegas cartistas aparentemente no tuvo el efecto esperado, ya que si bien en su moción de preferencia aprobada por el pleno establecía que debía incluirse entre los cinco primeros puntos del orden del día, el presidente de la Cámara, el cartista Raúl Latorre, lo colocó en el punto 9.
Si bien la ley actualmente contempla el subsidio a personas con discapacidad, esta impone la exigencia de la edad de 60 años para ser beneficiario, lo que a criterio del proyectista es ridículo, ya que muchos, por su condición justamente ni siquiera llegan a esa edad.
“Esta modificación trata de modificar el artículo 3 de la Ley hoy vigente, donde se exige de una manera deshumanizada que un discapacitado cumpla primero 60 años para merecer un subsidio del 25% del salario mínimo. Yo vengo a plantear que, desde el momento de la discapacidad certificada por un órgano del Estado, pueda ser merecedor de este subsidio”, comentó González.
En mayo del año pasado, la Cámara de Diputados había aceptado el veto del presidente de la República, Santiago Peña, a otra iniciativa similar, alegando el posible impacto en el Presupuesto General de la Nación.
Si bien esos son los recursos, sobre todo ahora son limitados, la “austeridad” empieza en casa para el cartismo, ya que esta misma mayoría en Diputados, hace un par de semanas rechazó el proyecto de ley que pretendía eliminar el cobro de millonarias “Bonificaciones por responsabilidad” por parte de altas autoridades del Gobierno.
Lo escandaloso de ese caso es que ya de por sí ministros y presidentes de entes cobran millonarios salarios y gastos de representación, y se pueden autoasignar un sobresueldo extra por “responsabilidad” que va desde los G. 5 millones hasta G. 22 millones al mes en algunos casos.