La mayoría cartista en Cámara de Diputados alegando “improcedencia”, “sobrelegislación” e incluso acusando de “populista” a la Cámara de Senadores, pero sobre todo con burdas mentiras, rechazaron el proyecto de ley con media sanción “que prohíbe durante el ejercicio fiscal 2026 el pago de bonificaciones, cualquiera sea su denominación, a las máximas autoridades de las instituciones que ocupan cargos de conducción política y de conducción superior”, que pretendía destinar esos fondos a cubrir mínimamente gastos en Salud Pública.
Sin el más mínimo rubor y apelando a mentiras, los cartistas rechazaron la posibilidad de prohibir apenas por lo que restaba del año que altas autoridades se autoasignen millonarios montos en concepto de “bonificación por responsabilidad en el cargo”, a su ya de por si siderales salarios, y usar ese dinero para cubrir parte de la deuda con salud.
Con esto, el proyecto vuelve al Senado, donde habrá que ver si se ratifican o terminan de enterrarlo.
De hecho, hasta ahora, los ministros del Ejecutivo viene cobrando -y seguirán haciéndolo- un plus de G. 6.523.414 al mes por “responsabilidad”, lo que se suma a su sueldo básico de G. 22 millones, además de G. 4.093.655 en concepto de “Gastos de representación”, haciendo que al mes perciban G. 33.017.069.
Sin embargo, el caso más escandaloso fue el del presidente del Congreso, senador cartista Basilio “Bachi” Núñez, que además de su salario de G. 32.606.840 y “gastos de representación” por G. 9.595.060, se autoasignó en concepto de “Bonificación por responsabilidad” un plus de G. 21.100.950.
Con esto, el presidente del Congreso, pasó a cobrar al mes G. 63.302.850, hasta que fue pillado y se vio forzado a suspender el cobro. Con este rechazo, tiene cancha libre para restituirse este escandaloso beneficio.
El líder de bancada de Honor Colorado en Diputados, Miguel Del Puerto alegó tramposamente que supuestamente esto podría afectar incluso a docentes, algo que no estaba establecido en el proyecto de ley.
El líder de bancada mencionó que el Ejecutivo ya había decretado la “Racionalización del gasto” que “ya establece recortes en varios puntos incluyendo la suspensión de nuevos procesos de contratación pública” y que este proyecto supuestamente hay “entes donde afectan de forma muy importante, sobre todo en el sector educativo”.
Lo secundó la diputada cartista Rocío Abed, que acotó que el proyecto planteado por Bachi y otros cartistas, “viene del Senado con notas algo populistas”.
Previendo el inminente rechazo y remarcando la “cobardía” de los cartistas por ni siquiera dictaminar en contra del proyecto planteado como “cortina de humo” por Bachi, el diputado Raúl Benítez (Independiente) dijo que al menos como gesto político, debían mantener la prohibición para el presidente del Congreso por ser el mayor abusivo.
“Este proyecto nació porque el presidente de nuestro Congreso (Bachi) decidió arbitrariamente autoaumentarse su bonificación. Este proyecto nace por el abuso de quien debe proteger el dinero público, por quien debe ser el ejemplo, y en la desesperación metió una bomba de humo que hoy la Cámara de Diputados va a terminar certificando que es una bomba de humo” al rechazar, dijo Benítez.
Por su parte la diputada Johanna Ortega (Partido País Solidario) enfatizó en la mentira, diciendo que “demasiado clara la lista de cargos que tendrán prohibida la recepción de bonificación y no están los docentes”, y que el corte de estos escandalosos beneficios es imperioso rever los beneficios que se cargan en las espaldas del ciudadano.
“No podemos seguir cargando sobre la espalda de las familias trabajadoras de este país el costo de nuestros salarios con deuda, el costo que tiene prestar servicios ínfimos y de pésima calidad con más generación de deuda porque tenemos un presupuesto que no aguanta" y no aguanta porque se pagan estos beneficios escandalosos.
La legisladora cuestionó a los cartistas qué pasó con la declaración de “economía de guerra” que motivó este proyecto y que nunca se levantó y qué pasa con la caída en la recaudación -sobre todo aduanera-, hechos que hacen que siga siendo insostenible el cobro de estas bonificaciones por responsabilidad.
Pero, sobre todo, Ortega culminó remarcando que es imperioso que, como legisladores establezcan criterio para la prohibición de bonificación y otros beneficios, a estas alturas bochornosos, como los cupos de combustibles, y que esto debe alcanzar tanto a legisladores, como a ministros, gobernadores, intendentes y concejales (municipales y departamentales).
Por su parte, los diputados liberale Pedro Gómez y Carlos Pereira Rieve (PLRA, Nuevo Liberalismo) abogaron por la aprobación del proyecto remarcando que es un beneficio indefendible.