Para el doctor en criminología Juan Martens, especialista en crimen organizado, el fondo del problema responde a un patrón distinto: mantener y reinventar a las Fuerzas Armadas como un actor “indispensable” para la seguridad interior.
Martens, en diálogo con ABC, detalló que el Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI) de la FTC maneja un presupuesto anual de entre 8 y 14 millones de dólares. A su criterio, la incapacidad de neutralizar a un grupo reducido con semejante despliegue financiero y operativo deja sobre la mesa dos únicas explicaciones: “O se trata de una ineficacia absoluta, o el negocio radica en no atraparlos nunca para sostener el flujo de fondos”.
Subrayó que si toda esa inversión no sirvió para que el Ejército Paraguayo y la FTC, no puedan atrapar a catorce personas, “entonces es un chiste, es una vergüenza”.
“O pensando en otro sentido, el negocio está en que nunca se lo atrape para que sigan manejando el presupuesto, el dinero. Son dos hipótesis: O son inútiles o esta presencia de supuestos grupos armados son necesarios y funcionales a los intereses de los militares”.Juan Martens
FTC, su despliegue territorial y la sombra del autoritarismo
Creada en 2013, la FTC limitaba inicialmente sus operaciones a Concepción, San Pedro y Amambay, extendiéndose luego a Canindeyú. Sin embargo, para 2026, su presencia se consolidó en toda la Región Oriental tras incorporarse Itapúa, Misiones y Ñeembucú. “La situación de seguridad no cambió, pero sí se amplió el territorio militarizado”, cuestionó Martens.
A esta cobertura geográfica se suma la incursión militar en tareas civiles y policiales, como el resguardo de penitenciarías o intervenciones contra el microtráfico en ciudades como Pilar.
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Para el analista, este esquema contraviene los artículos 175 y 176 de la Constitución Nacional —que delimitan la seguridad interna a la Policía Nacional— y consolida un giro hacia la gestión autoritaria de la seguridad.
“Los militares no están para ocuparse de la salud, la educación o los caminos; para eso están los ministerios correspondientes. Pretender justificar su presencia por el ‘progreso’ que llevan a las zonas rurales es propio de un modelo autoritario”, enfatizó Martens en respuesta a declaraciones del ministro de Defensa, Óscar González.
Exministra apunta a una falta de coordinación de la FTC y reestructuración criminal
Por su parte, la exministra de Seguridad Cecilia Pérez señaló que el EPP no solo no se debilitó, sino que logró reestructurarse y tejer alianzas con el crimen organizado.
Pérez criticó la falta de cohesión en las versiones del Ejecutivo, que transitó de calificar a los sospechosos como “narcotraficantes” a admitir una convergencia entre el terrorismo y el narcotráfico.
Asimismo, cuestionó que la FTC haya migrado automáticamente de un esquema antiterrorista a uno enfocado en el crimen organizado sin una planificación operativa real. “No se trata de cambiar una ficha por otra. Venden una narrativa publicitaria que contrasta severamente con la realidad”, aseveró.
“Hubo una seguidilla de contradicciones de versiones oficiales. Primero eran los narcos, después era el EPP, después eran los narcos con el EPP. Entonces vos no podés tener un discurso de que se debilitó el EPP para después salir a decir que se aliaron con el crimen organizado”.Cecilia Pérez
Finalmente, Pérez advirtió sobre la ruptura en la coordinación entre instituciones clave como la Policía Nacional, la SENAD y la propia FTC, a lo que se suma el cese de los trabajos conjuntos de cooperación que se mantenían anteriormente con el Brasil.