Actualmente existen dos pedidos de interpelación a la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión, tanto en el Senado como en Diputados, respectivamente, pero con casi nulas chances de prosperar, a juzgar por la defensa abierta de las mayorías cartistas en ambas Cámaras del Congreso, en una actitud que ya se convirtió en un modus operandi durante este periodo donde han bloqueado todos los pedidos de interpelación.
La ministra de Obras es cuestionada por la eventual responsabilidad institucional en la muerte de 6 personas en un violento choque en Pedrozo (Ypacaraí), donde más allá de la eventual responsabilidad penal del conductor del camión que embistió a los vehículos de las víctimas fatales, se señalan fallas graves en la gestión del MOPC en el sitio para evitar estas y otras muertes.
Una de esas medidas, por ejemplo, es la existencia de un semáforo en la base de la pronunciada pendiente en Pedrozo, retirado hace un par de días, recién luego del fatal accidente, donde literalmente el artefacto hizo que las víctimas esperaran su muerte.
También se le reprochan los retrasos en la construcción del paso elevado para el cruce en el sitio, que según el cronograma original, debió terminarse en mayo pasado, pero culparon por la demora a problemas con la expropiación de terrenos para proseguir con los trabajos.
A fin de allanar un nuevo archivamiento del pedido de interpelación contra Centurión, mañana la ministra está “invitada” ante la Mesa Directiva del Senado, donde el presidente del Congreso, senador cartista Basilio “Bachi” Núñez, es su principal abogado defensor.
Por su parte, en Diputados pretenden concretar el archivamiento este martes en sesión ordinaria, donde figura como punto 7 del orden del día.
No es la primera vez que, pese a verse involucrada muertes de compatriotas, el cartismo bloquea la interpelación, que es una facultad constitucional del Congreso y que no implica siquiera, un eventual castigo real a las autoridades a ser interpeladas.
Con el inminente rechazo de los pedidos de interpelación a Centurión, ya totalizarían 13 los pedidos bloqueados por las mayorías cartistas en ambas cámaras, que protegieron a autoridades no solamente sumamente cuestionadas, sino que incluso ahora afrontan procesos penales por su administración, como es el caso del expresidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Jorge Magno Brítez.
En marzo de este año, se planteó la interpelación de Brítez a consecuencia de una serie de cuestionamientos a su administración al frente del IPS, entre ellos la muerte comprobada, por negligencia (mediante una auditoría), del asegurado Braulio Vázquez.
En ese entonces, también IPS se encontraba en una crisis por “stock cero” de más de un centenar de medicamentos y también envuelta en el escándalo de presuntos cobros irregulares de abogados de la institución en concepto de “acuerdos judiciales”, mientras José “Jose’i” González Maldonado era director de la asesoría jurídica de la previsional.
Pese a todo esto, la mayoría cartista en Diputados puso las manos en el fuego por Brítez y terminaron calcinados, más ahora que este enfrenta dos procesos penales abiertos por la Fiscalía por presuntos malos manejos al frente del IPS.
Otra a la que blindaron pese a haber vidas perdidas de por medio es a la ministra de Salud, María Teresa Barán, a quien salvaron en Diputados en dos ocasiones, a mediados de 2024 e inicios de 2025.
En la primera ocasión se pretendió citarla por el caso de carencia de medicamentos y servicios oncológicos, donde también fue observado el entonces director del Instituto Nacional del Cáncer (Incan), Raúl Doria, que posteriormente terminó renunciando al cargo.
En la segunda ocasión, se solicitó interpelar a Barán por una serie de fallecimientos de pacientes que acudieron a servicios de salud públicos pero se terminaron encontrando con cascarones vacíos.
Uno de esos casos fue la muerte de un recién nacido, cuyos familiares acudieron en busca de asistencia al entonces recientemente inaugurado -de manera rimbombante con la presencia del Presidente Santiago Peña y la ministra- servicio de Terapia Intensiva Neonatal del Hospital de Villarrica.
Pese a la supuesta inauguración, en realidad, la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) no estaba operativa, por lo que el menor tuvo que ser trasladado a la Capital del país, pero terminó falleciendo en el camino.
Otro al que nunca permitieron interpelar es el exministro de Justicia, Ángel Barchini, cuya citación fue planteada tanto en Senado como en Diputados tras una serie de escándalos en el manejo de las penitenciarías del país, principalmente por la bochornosa fuga del suboficial Óliver Lezcano, preso por el asesinato de un militar.
Bachini había dicho públicamente el Lezcano había sido asesinado y desaparecido dentro del Penal por facciones criminales, cuando resulta que sencillamente se fugó y, desde la clandestinidad se encargó de hundir más en el ridículo al entonces ministro, al difundir un video desmintiendo su muerte.
En Diputados, a este caso también le sumaron señalamientos por los presuntos vínculos de Bachini con supuestos criminales, como el presunto narco ahora preso en Estados Unidos de América, Sebastián Marset.
También incluyeron en el cuestionario en ese momento, la exigencia para que Bachini explique su relación con “Ahmed Hashem, ciudadano alemán vinculado al narcotráfico internacional, y con Arturo Luglietto, vinculado con la Camorra italiana”.
Así también, se planteó exigirle explicaciones por el caso de “Ali Khalil Merhi, considerado como megapirata de la triple frontera y sindicado como empresario vinculado con organizaciones terroristas, a quien usted recomendó que se designe como Cónsul General de Paraguay en Sudán del Sur”.
Estos casos son mencionados a modo de ejemplo; sin embargo, no son los únicos casos, y los otros salvados se pueden observar en la infografía.