El informe anual de la Contraloría General de la República (CGR) compiló múltiples posibles irregularidades en torno a la administración del Instituto de Previsión Social (IPS). Uno de los puntos se centró en la Dirección General de Control de Obras, puntualmente en la revisión de reparaciones y mantenimiento de clínicas y establecimientos del interior del país, con alcance al ejercicio fiscal 2024.
Según el informe, el equipo auditor ha detectado diferencias entre las cantidades de obras certificadas por el IPS y aquellas efectivamente ejecutadas. También se constataron rubros realizados con deficiencias técnicas y casos en los que se certificaron y pagaron trabajos que no fueron realizados; es decir, “obras fantasma”.
Posible perjuicio
El caso con mayor monto corresponde a la Unidad Sanitaria de San Ignacio, en Misiones, donde la CGR identificó una cifra de G. 1.818.826.792. De acuerdo con la auditoría, el equipo de fiscalización aprobó y certificó obras superiores a las realmente ejecutadas, en cantidad y calidad.
Lo mismo pasó en el Hospital Regional de Encarnación, donde la Contraloría habla de una diferencia entre lo certificado y lo realmente ejecutado, tanto en cantidad como en calidad requerida, de G. 533.912.767.
En el Hospital Regional de Concepción, el monto señalado asciende a G. 520.594.162. La auditoría indica que se registró la misma irregularidad y violación del artículo 46 de la Ley Nº 1533/00, que habla de la obligatoriedad que tienen los fiscalizadores de presentar denuncias.
Así también, el Hospital Regional de Pedro Juan Caballero registra un monto de G. 277.395.512 certificado en exceso.
También fueron identificadas diferencias en la Sede de Aporte Obrero Patronal (AOP) de San Juan Bautista, por G. 269.204.873; en la AOP de Concepción, por G. 148.975.563; y en el Hospital Regional de Ayolas, por G. 125.888.508.
“Obras fantasma”
En la Unidad Sanitaria de San Juan Bautista, también en Misiones, el informe señala un monto de G. 341.201.022 por rubros no ejecutados. La CGR constató que los inspectores del IPS certificaron y autorizaron el pago de obras que no fueron ejecutadas, sin informes de advertencia o denuncias internas por parte de la fiscalización.
En todos estos establecimientos mencionados, el monto total de perjuicio potencial del patrimonio del IPS asciende a más de G. 4.000 millones.
En las observaciones citadas, la Contraloría concluyó que la conducta de los supervisores y fiscales de obras del IPS constituyó una contravención al artículo 46 de la Ley Nº 1533/00, “Que establece el Régimen de Obras Públicas”, que obliga a los funcionarios a denunciar de inmediato cualquier apartamiento técnico, defecto de calidad o cobro indebido ejecutado por las contratistas.
Sobreprecios
Paralelamente, la Contraloría determinó que los funcionarios responsables de la elaboración de los precios estimados para las licitaciones públicas nacionales no aplicaron el “Método para la Elaboración de Precios Referenciales”, metodología impuesta por el Anexo a la Resolución de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) Nº 1890/2020. Esa omisión ocasionó que las ofertas se presenten con precios muy por encima de lo razonable para varios rubros. En consecuencia, los contratos celebrados tuvieron un costo superior al del mercado y asciende a G. 1.283.297.724, según indicó el equipo auditor de la Contraloría.
Fallos generales
Además de las observaciones específicas de cada establecimiento, la CGR reportó fallas administrativas que afectaron a las licitaciones y ejecuciones de obras públicas.
En al menos tres contratos, los administradores del IPS permitieron el inicio de los trabajos sin que las empresas contratistas presentaran hojas de presupuesto con cronogramas físicos que determinaran plazos específicos de ejecución.
El informe señala que esta situación dejó la continuidad de los trabajos al arbitrio de los proveedores y privó al IPS de la capacidad técnica para aplicar multas o penalizaciones contractuales por demoras.
La fiscalización también dio por recibidos los planos denominados “conforme a obra” que, según la CGR, no reflejaban la infraestructura física real del terreno.
Monto total del perjuicio
Si bien no todas las deficiencias detectadas cuentan con una estimación de daño patrimonial, según los datos precisados en el informe, la Contraloría descubrió que en la licitación para reparar clínicas del interior, el IPS perdió dinero en dos frentes simultáneos. Primero, firmó contratos inflados que costaron G. 1.283 millones de más sobre los precios reales de mercado.
Por otra parte, los fiscalizadores de la institución autorizaron desembolsos por G. 4.035 millones en el terreno para pagar por obras inexistentes, deficientes o cobradas en exceso.
En total, el daño potencial unificado en este proyecto supera los G. 5.300 millones”.
Alarmantes cifras
El informe de la Contraloría, además, detectó pérdidas millonarias por falta de respaldo documental, pagos a jubilados ya fallecidos, por más de G. 58.000 millones y el uso del mecanismo de gastos judiciales para pagar consultorías o contratos por fuera del control de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.
Actualmente, la CGR se encuentra realizando otros diez análisis de posibles indicios de hechos punibles en torno al manejo del IPS.
Millones para consultoras
La auditoría financiera realizada por la Contraloría General de la República al Instituto de Previsión Social (IPS) concluyó, además, que la previsional adjudicó G. 1.970.000.000 para la contratación de dos firmas consultoras, ignorando la recomendación del Comité Evaluador, y las condiciones previstas en el Pliego de Bases y Condiciones, en contra de la Ley de Contrataciones Públicas y el Decreto Nº 2992/19.
Las beneficiadas fueron AYCA (Auditores y Consultores Asociados) y PCG Auditores Consultores.
Además, el Consejo efectuó pagos por un total de G. 1.370.000.000 a dos firmas, en el marco de un procedimiento licitatorio convocado para la contratación de una sola consultora.
Estas situaciones generaron inconvenientes e irregularidades en el proceso, tanto de contratación como en el de ejecución de los contratos suscritos, lo que, en consecuencia, expuso a la nulidad de procedimientos.