¿Qué irregularidades se denuncian en la Municipalidad de Santa Rita?
Sectores de la oposición local integrados en la Alianza Santa Rita para Todos, junto con referentes de la disidencia colorada, expusieron públicamente un entramado de presunta corrupción y malversación de fondos en el municipio altoparanaense. Las críticas apuntan de forma directa a la gestión de Edgar Torres (ANR, Honor Colorado), precandidato a la reelección y hermano del gobernador de Alto Paraná, César “Landy” Torres. El citado jefe departamental renunció a la misma intendencia y su hermano fue electo en 2023 para terminar el periodo 2021-2026.
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De acuerdo con las declaraciones del postulante a la intendencia Valter Otavio Mensch (Alianza Santa Rita para todos Lista 22) y del dirigente Gustavo Hermosilla, el grupo recopila elementos probatorios que serán presentados formalmente en una denuncia penal ante el Ministerio Público.
¿Cómo funcionaría el esquema de desvío de fondos hacia el Consejo de Salud?
Entre las maniobras bajo sospecha resalta el traspaso masivo de fondos desde las arcas municipales hacia el Consejo Local de Salud (CLS), estamento bajo el mando del concejal oficialista Diego Coronel, quien también aspira a mantenerse en el cargo legislativo. Según los denunciantes, Torres habría apurado el desembolso de estos recursos poco antes de dimitir del cargo ejecutivo.
Posteriormente, denuncian que la intendenta interina, Diana Riveros, aprobó una ampliación presupuestaria de más de G. 1.100 millones a favor de dicho organismo.
Ante estas inconsistencias, el diputado Guillermo Rodríguez (Yo Creo), aspirante a la gobernación de Alto Paraná por el partido liderado por Miguel Prieto, impulsó un pedido oficial de informes desde la Cámara Baja para transparentar la trazabilidad de estas erogaciones, que se sospecha que financiaron actividades proselitistas.
¿Cuántos funcionarios planilleros integran la planilla municipal de Santa Rita?
El reporte presentado advierte que la administración comunal sostiene una estructura de 273 contratados que demandan cerca de G. 5.000 millones anuales en salarios. A dicha cifra se le añaden contratos de asesorías por G. 212 millones mensuales, totalizando un gasto corriente aproximado de G. 1.570 millones cada mes.
El reclamo de los contribuyentes altoparanaenses apunta a que alrededor de 70 planilleros o personas cobraban haberes en la nómina institucional sin presentarse a prestar servicios de forma efectiva, lo que constituiria un presunto esquema de “planillerismo” financiado con dinero público.
¿Por qué acusan al exintendente Edgar Torres de usar dinero público en su campaña?
Otra de las irregularidades documentadas guarda relación con el consumo anómalo de carburantes durante la contienda electoral interna de la ANR. Los registros arrojan que, en los primeros días de junio de 2026 —periodo coincidente con la campaña proselitista de Torres—, se ejecutaron casi G. 545 millones en rubros de combustible cuando el promedio de mayo a junio en 2025, 2024 y 2023 rondaba los G. 200 millones.
Frente al temor de que el remanente presupuestario sea volcado a las próximas elecciones municipales para favorecer a los postulantes a la concejalía del oficialismo, la ciudadanía exige rendición de cuentas.
Como contrapartida, la Alianza Santa Rita para Todos puso a disposición una plataforma digital de libre acceso para que los vecinos verifiquen nombres, salarios y horarios declarados de los funcionarios, permitiendo auditar la gestión saliente de Torres.