Cuatro funcionarios del Registro Electoral habrían participado en una reunión política en la vivienda del candidato a concejal de la Lista 1, Francisco Ortiz, en apoyo a los candidatos colorados para las elecciones municipales 2026 del próximo domingo.
De la reunión también participaron el intendente Patrocinio Medina (ANR), padre de la candidata a la intendencia, Ruth Mercedes Medina, quien igualmente estuvo presente, y el presidente de la Junta Cívica, Carlos Bareiro, esposo de la candidata.
Asimismo, fueron identificados como participantes del encuentro político la jefa del Registro Electoral local, Rosa María Báez Galeano, y los funcionarios de la institución Sonia Elizabeth Cabañas, Aldo Valdez y Beatriz Bareiro.
En una de las imágenes, varios de los presentes aparecen levantando el dedo índice, señal utilizada de apoyo a la Lista 1..
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Cuestionan imparcialidad
La presencia de funcionarios electorales en una actividad señalada como política genera cuestionamientos por el deber de imparcialidad y neutralidad.
El artículo 5 del Código Electoral establece que la imparcialidad de los organismos del Estado es una norma de conducta que deben observar rigurosamente las personas encargadas de cumplir funciones dentro de los organismos electorales.
Lo que dijo la jefa de Registro
La jefa del Registro Electoral, Rosa María Báez Galeano, manifestó que su presencia en la reunión registrada en un domicilio particular correspondió a una actividad de carácter estrictamente privado y fuera de su horario laboral.
Sostuvo que durante su permanencia en el lugar se limitó a compartir el espacio de manera pasiva y que no realizó actos de proselitismo, discursos, distribución de propaganda ni gestos de apoyo a ninguna candidatura.
En ese sentido, señaló que las acciones o ademanes realizados por otras personas presentes son de exclusiva responsabilidad de quienes los efectuaron.
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La funcionaria afirmó, además, que su conducta no configura, a su criterio, una infracción al Código Electoral ni a las normas que regulan la función pública, debido a que no utilizó recursos del Estado, bienes institucionales, distintivos oficiales ni su horario laboral para participar de la reunión.
También sostuvo que sancionar una reunión de carácter privado únicamente por su presencia podría afectar derechos constitucionales como la libertad de reunión, la presunción de inocencia y el debido proceso.