Desde el 2015, en el país existe un Registro de Deudores Alimentarios (REDAM), creado por ley y dependiente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
En el marco de las elecciones municipales 2026, ABC consultó qué candidatos aparecen anotados para acceder a su constancia de no estar en el registro y cuáles no.
En total, se encontraron catorce personas en carrera electoral a la fecha, siendo dos de estos candidatos a intendentes y doce a la Junta Municipal de sus respectivos municipios.
Detalles de candidaturas
Las dos candidaturas a intendentes identificadas corresponden a partidos del tercer sector. El primero es Héctor Daniel Suárez Delvalle, candidato del Partido de la Juventud en Minga Guazú, el cuarto municipio de Alto Paraná en volumen de población y uno de los distritos de mayor crecimiento del este del país.
El segundo en lista es el candidato Milciades Raúl Aveiro Estigarribia, de la Alianza Mariano Nos Movemos (Lista 5), candidato en Mariano Roque Alonso. En la pantalla de la máquina de votación a presentarse mañana figura con su apodo, Ralo Aveiro.
Los doce que aspiran a una banca
En las juntas municipales el fenómeno se reparte por casi todo el país.
En Alto Paraná, figura Hugo Ricardo Franco González. Según registros, figura como candidato N° 1 de la lista de la “Alianza Yguazú Somos Todos”. El candidato, hasta marzo de este año, contaba con una orden de captura por rebeldía en el marco de la causa por incumplimiento que pesaba en su contra.
En Caaguazú, el candidato a concejal Juan Marcial Flecha Seitz, opción 3 de la “Alianza Todos por Pastoreo” en Dr. Juan Manuel Frutos, y Benjamín Manuel Benítez Ruiz Díaz, por el Partido Liberal Radical Auténtico en el distrito Simón Bolívar, opción 8.
Según registros judiciales, en marzo pasado, se elevó a juicio oral y público a Benítez por incumplimiento del deber legal alimentario tras una serie de elementos probatorios ofrecidos por el Ministerio Público al Juzgado Penal de Garantías del 1° Turno, secretaría 1 de Coronel Oviedo.
En la ciudad de Yuty, departamento de Caazapá, figura el candidato a concejal por la opción 7 de la Asociación Nacional Republicana (ANR) - Partido Colorado, Carlos “Toto” Maidana Franco.
En la ciudad de Asunción, capital del país, solo aparece el candidato a concejal Cristino Vega Leiva, del Partido Patria Soñada por la opción 15 de 24.
En el departamento de Cordillera figuran dos candidatos a concejales en el registro público, cada uno de partidos diferentes. En la ciudad de Arroyos y Esteros figura Amado Alfonzo Prieto, candidato N° 3 de la lista oficial de la ANR. En la ciudad de San Bernardino figura Nelson Rolando Quintana Méndez, opción 11 del Partido Nacional Unámonos.
En el sur del país, departamento de Itapúa, aparece Luis Ramón Vera Acosta, opción 6 de la lista a la Junta Municipal de ANR en Jesús de Tavarangüe.
En Misiones, figuran el candidato Jorge Eduardo Giménez Zorrilla, de la Alianza San Miguel Para Todos, opción 7 y Benicio Ismael Benítez Britez, candidato del PLRA en Santa María, opción 4.
En el departamento de Paraguarí sólo aparece Venancio José María Rolón Fretes, candidato de la ANR en Carapeguá, opción 12.
Por último, en el departamento de Ñeembucú figura, Juan Carlos Caballero Santa Cruz, la opción 2 de la lista a la Junta Municipal de Isla Umbú por la Asociación Nacional Republicana.
Qué dice la ley
El REDAM fue creado por la Ley 5415/2015 y depende de la Corte Suprema de Justicia. En 2020, la Ley 6506 modificó ocho de sus artículos y amplió considerablemente sus efectos.
La norma define como deudor alimentario moroso a quien incurre en mora en el pago de tres o más cuotas sucesivas o alternadas de una prestación fijada por sentencia firme o por acuerdo homologado judicialmente.
La propia resolución que impone la obligación debe advertir al obligado que, de no pagar, será incluido en el registro. La única forma de salir es abonar la totalidad de lo adeudado.
Las restricciones se fueron sumando con los años. Quien figura en el REDAM no puede obtener licencia de conducir ni avanzar en trámites notariales de transferencia de bienes registrables. En tal sentido, desde abril de 2024, los Registros Públicos exigen el certificado vigente para inscribir una compraventa.
También se le requiere el antecedente para gestiones ante entidades financieras, crediticias e instituciones estatales, y los contrayentes y testigos de un matrimonio civil deben ser informados de la deuda pendiente.
El fenómeno crece
Solo en 2025 el Ministerio Público recibió 6.600 denuncias por incumplimiento del deber alimentario, según su Dirección de Análisis de Información Estratégica.
En Amambay, las inscripciones pasaron de 17 en 2023 a 21 en 2024 y 39 en 2025.
En julio pasado ingresó a Diputados un proyecto para modificar el REDAM.
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Entre sus restricciones figura impedir a los inscriptos salir del país mientras subsista la deuda, renovar licencias de conducir y pasaportes, acceder a espectáculos masivos, firmar contrataciones con el Estado y —textualmente— acceder a cargos públicos y candidaturas electivas.
Actualmente el proyecto se encuentra aprobado “en general” y pendiente de su tratamiento en particular.