La semana pasada, el líder de la bancada cartista Natalicio Chase pidió postergar por una semana el tratamiento del proyecto, y su estudio se dará a un día para que corra la sanción automática. Con la demora se deja abierta la posibilidad de que la iniciativa termine sin efectos prácticos durante 2026.
La propuesta, presentada por el propio titular del Senado, Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC) después de las críticas por su sobresueldo y de otras autoridades públicas, corre así el riesgo de convertirse en una promesa de austeridad.
Bachi impulsó el recorte tras el escándalo de las autoasignaciones
El proyecto de ley busca prohibir durante el ejercicio fiscal 2026 el pago de bonificaciones, cualquiera sea su denominación, a las máximas autoridades de las instituciones públicas que ocupan cargos de conducción política y superior.
La iniciativa surgió tras conocerse los millonarios ingresos adicionales de altos funcionarios y, particularmente, los montos que percibía Núñez como presidente del Congreso.
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Según los datos consignados, Bachi tenía un salario de G. 32.606.840, gastos de representación por G. 9.595.060 y una bonificación por responsabilidad de G. 21.100.950. En conjunto, sus ingresos mensuales alcanzaban G. 63.302.850.
Tras revelarse los pagos extras que percibía, el senador anunció que renunciaba al cobro de la bonificación por responsabilidad y dejó de percibir ese concepto. Sin embargo, el cuestionamiento sobre los pagos adicionales a las demás autoridades del Estado continuó.
Natalicio Chase pidió postergar el proyecto de Bachi
La semana pasada, el senador Natalicio Chase solicitó aplazar por una semana el tratamiento del proyecto. Ahora, la iniciativa vuelve a figurar en el orden del día de la sesión ordinaria del miércoles. El problema es que el proyecto ya llega con el tiempo en contra y sin dictámenes de las comisiones de Hacienda y Presupuesto ni de Cuentas y Control.
La intención inicial era frenar los pagos adicionales desde abril y por todo el 2026. Sin embargo, el trámite legislativo se prolongó durante meses. A meses del cierre del año fiscal la posibilidad de que la prohibición produzca un efecto concreto se reduce.
Diputados rechazó el recorte y el Senado debe definir su postura
El 6 de julio pasado, la Cámara de Diputados rechazó el proyecto que había sido aprobado previamente por el Senado. La mayoría cartista en la Cámara Baja argumentó cuestiones de improcedencia y sobrelegislación para justificar su decisión.
Ahora, el Senado debe resolver cómo proceder ante el rechazo. Para ratificarse en el texto aprobado originalmente, necesitará la mayoría absoluta de 23 votos, conforme al artículo 206 de la Constitución Nacional.
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La Cámara Alta también podría acompañar el rechazo de Diputados, lo que enviaría la iniciativa al archivo. En ese escenario, la prohibición de bonificaciones durante 2026 quedaría sin aplicación.
El calendario agrava el panorama: incluso si el proyecto logra avanzar, su alcance práctico dependerá de que el trámite legislativo concluya a tiempo y de que la norma pueda producir los efectos buscados durante el ejercicio fiscal.