Hoy, el pedido de pérdida de investidura de la senadora Zenaida Delgado fue oficializado con las firmas de legisladores opositores y del colorado Óscar Salomón. El proyecto, presentado a las 13:30, invoca el artículo 201 de la Constitución Nacional por presunto uso indebido de influencias.
Al respecto, el senador Dionisio Amarilla señaló que su colega “debe presentar su descargo” y, antes de decidir acompañar o no la expulsión, dijo que evaluará los documentos previos presentados.
“Aquí los chismes corren y me dicen, me cuentan, ustedes tienen la manera de averiguar, que aparentemente una de las funcionarias es amante de la anterior pareja de la senadora Zenaida. Según las malas lenguas, Zenaida la encontró en la cama”, declaró el legislador, completamente de “contramano”.
Si bien el caso recopila múltiples denuncias presentadas por presuntos préstamos y retenciones de bonificaciones, Amarilla subrayó que “siempre me serví de los elementos objetivos”, algo que supuestamente también aplicó en el caso de la pérdida de investidura de la exsenadora Kattya González.
“Zenaida se tiene que ir”
Ante las reiteradas preguntas de la prensa y la información ya de carácter público sobre el caso de Delgado, Amarilla declaró que sí “Zenaida recibió la plata, Zenaida se tiene que ir”.
“Yo no me tomé todavía el tiempo de revisar en detalles esto. Si las pruebas son contundentes, Zenaida se tiene que ir. Si la amante se quedó con el señor, ¿les parece a ustedes que la amante no va a tratar de destruirle a la anterior pareja del Gustavo? Pero si la plata recibía Zenaida de la amante, entonces eso sí ya hace ruido y ahí creo que ella no tiene que durar ni un segundo más aquí“, alegó.
Entre los fundamentos para la pérdida de investidura de Delgado se incorporan las denuncias periodísticas de presuntos cobros a funcionarios del Congreso, tanto de bonificaciones salariales como de sumas millonarias que, según los testimonios citados, habrían sido exigidas para acceder a nombramientos permanentes.
El escrito también menciona supuestas operaciones crediticias para reunir el dinero, pedidos de transferencias y eventuales represalias laborales contra funcionarios que no habrían cumplido con las exigencias denunciadas.
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