Bien se sabe que los frecuentes escándalos generados en la administración pública suelen terminar en agua de borrajas (oparei), esto es, en la impunidad lisa y llana, que alienta la comisión de nuevos hechos punibles. El sumario instruido en el órgano afectado, la causa abierta por una Fiscalía y el proceso penal iniciado pueden prolongarse hasta el punto de que el proceso prescriba, debido a la negligencia de los investigadores y/o a las “chicanas” planteadas por la defensa. Un par de ejemplos bastará para ilustrar el fenómeno: en 2021, la Corte Suprema de Justicia declaró operada la prescripción del caso de los “coquitos de oro” y, por ende, sobreseyó definitivamente al exministro de Emergencia Nacional Camilo Soares y a su exdirector de Contrataciones Alfredo Guachiré, cuyas respectivas condenas habían sido ratificadas por una Cámara de Apelaciones.
Ahora existe el serio riesgo de que algo similar ocurra en la causa abierta al exgobernador Óscar “Ñoño” Núñez, condenado en 2023 por lesión de confianza y administración en provecho propio, pues aún falta integrar el Tribunal que deberá resolver el recurso de apelación planteado. En julio del año pasado, la máxima autoridad judicial dispuso sancionar disciplinariamente el cambio reiterado de defensores, las recusaciones repetidas y la actuación coordinada de las partes para trabar el proceso, entre otras actuaciones contrarias a la buena fe. Habrá que ver si la acordada tiene vigencia efectiva, sobre todo cuando afecte a peces gordos de la política, como los legisladores, que deben ser desaforados por una mayoría de dos tercios de sus colegas para que puedan ser sometidos a proceso.
En la Cámara Baja obran nueve pedidos de desafuero, entre los que se destacan los relativos a Esteban Samaniego (ANR, cartista) por la presunta comisión de los delitos de difamación, atropello de domicilio, lesión física y lesión de confianza. El primero de ellos data de 2019, sin que hasta la fecha haya sido tan siquiera tratado allí donde, según el titular de la Cámara Baja, Raúl Latorre (ANR, cartista), debe haber “un acuerdo de desafueros de todos entre las diferentes bancadas”, sin que, por lo visto, importen mucho los motivos. Es decir, “te doy para que me des”. Es cierto que el fuero parlamentario no extingue la acción penal por el paso del tiempo, pero la impunidad podría prolongarse si Esteban Samaniego fuera reelecto en 2028, porque los votantes olvidaron los presuntos delitos que se le atribuyeron, con razón o sin ella. Lo mismo vale, eventualmente, con respecto a los diputados Roya Torres (PLRA), Cleto Giménez (PLRA), Walter García (Yo Creo) y Mauricio Espínola (ANR, abdista), también con pedidos de desafuero pendientes. Conviene que sean resueltos cuanto antes.
Por otra parte, la Contraloría General de la República no debería demorarse en resolver si el cobro de honorarios profesionales por parte del exdirector jurídico del Instituto de Previsión Social (IPS), José González, en un acuerdo extrajudicial, fue “absolutamente legal o una ilicitud gigantesca”, al decir del contralor Camilo Benítez.
En este país la justicia no es pronta ni barata, para bien de quienes disponen de cierto poder político y de sus respectivas clientelas. En efecto, la impunidad se extiende a los funcionarios nombrados gracias al padrinazgo de algún dirigente partidario, sin que importe mucho la Ley de la Función Pública y del Servicio Civil, que tipifica numerosas “faltas graves” a ser sancionadas por la máxima autoridad del órgano, previo sumario administrativo, “sin perjuicio de remitir los antecedentes a la jurisdicción penal ordinaria cuando el hecho constituya un hecho punible”. Entre ellas figuran específicamente varios actos contra la administración pública, como “usar la autoridad que provenga de su puesto para influir o afectar el resultado de alguna elección, cualquiera sea su naturaleza”.
Se tiene la impresión de que el Ministerio Público se abstiene de intervenir no precisamente porque esté recargado de trabajo, sino porque teme disgustar al poder político. Muchas faltas graves o hasta delictuales pueden ser conocidas mediante la experiencia personal o las publicaciones de prensa, pero no suelen acarrear castigo alguno; con el tiempo, los eventuales escándalos se olvidan y la historia continúa, hasta el punto de que muchas ilicitudes tienden a “normalizarse”. Sin embargo, ello no impide que, según el último Índice de Percepción de la Corrupción, elaborado por Transparencia Internacional, el Paraguay sea el segundo país sudamericano más afectado por esa lacra, después de Venezuela. El hecho de que sus propios habitantes así lo perciban significa que, felizmente, no se han amoldado a ella, pese a la tolerancia de los órganos que deben impedir o enfrentar la corrupción.
Aunque con su inoperancia traten de ocultar la basura bajo la alfombra, ella sale una y otra vez a la luz, entre otras cosas porque la impunidad tradicional permite a los sinvergüenzas ser tan desembozados como quien malversó unos 500.000 millones de guaraníes, según se denunció en la Municipalidad de Asunción. Está en manos de la ciudadanía desengañarlos, censurando una y otra vez la inacción de los órganos competentes a la hora de perseguir los delitos de distinta laya cometidos en una entidad pública, para que no queden impunes.