12 de enero de 2026

El exdiputado Orlando Arévalo y la concejala Carolina González obtuvieron una prórroga de 20 días para justificar a la Contraloría General los serios hallazgos tras un examen de correspondencia de sus declaraciones juradas. El ente de control detectó serias inconsistencias y omisión de varios bienes por parte del matrimonio colorado de Lambaré.

Con pasacalle de bienvenida y una olla popular fue recibido el procurador de la República, Marco Aurelio González, en el barrio San Isidro de Lambaré donde celebraban “el inicio de la regularización del título de propiedad”. Fue invitado por los investigados por la Fiscalía Orlando Arévalo y Carolina González.

Tras el escándalo por fraude en exámenes de ingreso a los IFD, el ministro de Educación, Luis Ramírez, finalmente sustituyó a la directora de Formación del Educador a Noelia Portillo, muy amiga de la concejala Carolina González (ANR-HC), quien habría filtrado las respuestas.

La fiscala Mercedes Vera comentó que decidieron dejar sin efecto la notificación de declaración testimonial ante la escasez de información que poseen sobre el mencionado caso. Explicó que la investigación que el Ministerio Público tiene en este momento es persona innominada sobre hecho a determinar. “Una vez que tengan todos estos documentos van a comenzar a llamar para las testificales”, aclaró.

A tres semanas de que el Ministerio de Educación denunció la filtración de las pruebas en el ingreso a Institutos de Formación Docente, y que luego remita los antecedentes al Ministerio Público, la causa presenta nulos avances en la Justicia. La Fiscalía no tomó declaraciones hasta la fecha y menos, realizó imputaciones. La fiscala del caso alegó que las pruebas presentadas por el MEC son escasas y se basan en publicaciones periodísticas. La familia del exdiputado Orlando Arévalo (ANR-cartista), está vinculado a por lo menos tres de los institutos investigados.