Durante la sesión ordinaria de ayer, el senador Líder Amarilla (PLRA) planteó a sus colegas crear una Comisión Bicameral de Investigación (CBI) de carácter transitoria para investigar hechos y procesos judiciales ocurridos el 31 de marzo del 2017 (31-M), cuando cartistas y sus aliados alistaban la “enmienda mau” para impulsar la reelección de Horacio Cartes.
El informe final de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) de lavado de dinero revela que se desconoce la situación procesal de las personas involucradas con el cargamento de cigarrillos que habían sido incautados del poder de criminales del Primer Comando da Capital (PCC) en la zona de Pedro Juan Caballero. Además, denuncia que existen versiones de que toda la carga desapareció.
El senador Jorge Querey, presidente de la Comisión Bicameral de Investigación antilavado de dinero, arremetió contra los dichos de la fiscal Liliana Alcaraz, quien días atrás aseguró que el Congreso estaba “entrometiéndose” en cuestiones judiciales, con la presentación del informe final que señala al expresidente Horacio Cartes como jefe de una red de contrabando de cigarrillos y presunto lavado de dinero. El parlamentario defendió el trabajo realizado como un derecho constitucional amparado por el artículo 195 de la Carta Magna.
El presidente del Senado, Óscar Salomón (ANR, oficialista), dijo que el informe final de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) de lavado de dinero será puesto a consideración del pleno y que la mayoría decidirá si el documento será remitido a la Fiscalía y a las agencias de seguridad de los Estados Unidos.
“Uno de los problemas que critico al Ministerio Público es que tiene informes de Inteligencia Financiera sobre supuestos vínculos que, de ser ciertos serían de extrema gravedad, y sin embargo están cajoneados”, senador Jorge Querey.
Luego de que en el informe de la Comisión Bicameral Antilavado de dinero hayan confirmado documentalmente que existe una ruta común y una estructura que comparten el narcotráfico, el contrabando de cigarrillos y el tráfico de armas, pero hayan indicado desconocer quiénes son los dueños logísticos, desde la Unidad Interinstitucional Anticontrabando manifestaron que es el Ministerio Público el que debe investigar estos detalles.