29 de julio de 2026
La expresión “¡Viva la Pepa!”, nacida en el contexto de la Constitución de Cádiz de 1812, fue en su origen un grito de libertad contra el absolutismo, un reclamo popular que buscaba limitar el poder arbitrario de la monarquía y afirmar la soberanía ciudadana. Representaba un ideal de orden institucional y la esperanza de un pueblo que exigía respeto a sus derechos fundamentales.

AYOLAS. El representante jurídico del Sindicato de Trabajadores de la Construcción de Aña Cua, abogado Vidal Cáceres, manifestó que no cree que se produzca la eliminación del salario mínimo, teniendo en cuenta que está protegido por la propia Constitución Nacional. No obstante, la clase trabajadora debe estar atenta ante cualquier situación que pueda ser perjudicial. Los representantes en el Congreso Nacional tienen que trabajar más a favor de los sectores vulnerables y no solo defender intereses empresariales, aseveró.
El senador colorado cartista Basilio “Bachi” Núñez defendió el plan del Poder Ejecutivo de modificar vía enmienda la Constitución Nacional para liberar a los municipios de los aportes de impuesto inmobiliario a las gobernaciones. Dijo estar también a favor de introducir la reelección presidencial, pero afirmó que eso no será planteado “en este periodo”.
El escandaloso juramento prestado ayer por la exvicepresidenta de la República y exministra de la CSJ Alicia Pucheta, nombrada por el presidente Santiago Peña como representante del Poder Ejecutivo en el CM antes de que expire el mandato del anterior, Enrique Kronawetter, implica que el cartismo está dispuesto hasta a lo que parece una violación abierta de la Constitución para ir copando las instituciones republicanas. Así como el senador Basilio Núñez, actuando como un matón de barrio, se permitió expulsar del recinto a su colega Eduardo Nakayama (PLRA), es como si el oficialismo estuviera abocado a la tarea de recurrir incluso a la fuerza bruta para repetir la triste historia protagonizada por su líder, Horacio Cartes –con una consecuencia sangrienta– en el aberrante afán de continuar en el poder, al margen de la Constitución.
La designación de ministros del Poder Ejecutivo como Consejeros de Itaipú, viola una vez más la Constitución y nos expone a todos los paraguayos ante un Estado cuyas leyes son letra muerta por el manto de impunidad que una mayoría circunstancial da a actores políticos.