Petropar adjudicó la millonaria consultoría para “diagnóstico” de sus plantas y servicentros propios a la empresa Tecnoambiental SRL, de Guillermo de Barros Barreto, hermano del ministro del MADES. Dicha firma fue la única oferente de la licitación y se sospecha direccionamiento.
Es mucho el dinero que la alianza entre corruptos y charlatanes arranca al contribuyente, a menudo con la aparente complicidad de organismos internacionales. Ocurre que hay toda una “mafia” de entidades y “expertos” nacionales y extranjeros dedicada a la compraventa de análisis que terminan acumulando polvo en los archivos, por la simple razón de que son inútiles o innecesarios o porque el órgano ejecutor descuella por su ineptitud. Se trata de un modo “elegante” de robar al país, al que deben prestar suma atención la Contraloría General de la República, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y el Ministerio Público.
La Cámara Paraguaya de Consultores (CPC) emitió el viernes último un comunicado en el que defendió las criticadas licitaciones que lanzó el MOPC para la elaboración de un “inventario vial” y un “conteo del tránsito”, que le costarán G. 25.537 millones a la institución. La cartera tiene 4.000 funcionarios pero no puede hacer ni un inventario vial.
El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informó que los 4.000 funcionarios que tiene no son suficientes para la realización de un inventario vial, por lo que recurren a millonarias consultorías. Según la cartera, los profesionales de la construcción de la institución se dedican a supervisar las obras en ejecución.
El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) destinará este año US$ 38 millones al pago de salarios de sus 4.000 funcionarios, pero la cartera sigue recurriendo a millonarias consultorías hasta para realizar un inventario vial. Mientras tanto, no puede cumplir ni con los pagos por las obras en ejecución.
Más del millón de dólares utilizó Senavitat en servicios técnicos y profesionales entre 2017 y 2018 de un crédito de US$ 30 millones del BID, pero no rehabilitó una sola vivienda de la Chacarita, como establecía la Ley 5665/16.