daño patrimonial

En el seguro, asegurado y asegurador pactan de común acuerdo un contrato donde las dos partes se obligan recíprocamente, una respecto de la otra. Los artículos 1546, 1570 y 1600 del Código Civil definen mejor este concepto al decir: “...Por el contrato de seguro el asegurador se obliga mediante una prima, a indemnizar el daño causado por un acontecimiento incierto, o a suministrar una prestación al producirse un evento relacionado con la vida humana...”, es decir, el asegurador se obliga a resarcir, de acuerdo al contrato celebrado, el daño patrimonial causado por el siniestro, en tanto el asegurado o tomador se obliga al pago de la prima. En estos escenarios encontramos obligaciones recíprocas, pero con intereses bien distintos.

CIUDAD DEL ESTE. La Contraloría General de la República detectó en una auditoría 16 irregularidades en el almuerzo escolar proveído por la Gobernación de Alto Paraná, durante la gestión de Roberto González Vaesken (ANR, cartista). El jefe departamental y tres secretarios están en la mira de la Fiscalía Anticorrupción por un perjuicio patrimonial de casi G. 700 millones a las arcas públicas.

CIUDAD DEL ESTE. La Contraloría General de la República detectó un perjuicio patrimonial de G. 688 millones en la Gobernación de Alto Paraná, a cargo de Roberto González Vaesken (ANR, cartista), a través de una presunta fraudulenta licitación del almuerzo escolar. El ente contralor remitió un reporte de indicios de hecho punible a la Fiscalía.

El informe de auditoría externa realizado sobre la administración de la Municipalidad de Lambaré y que indica la existencia de un millonario daño patrimonial entre junio y setiembre de 2021, quedó estancado en las comisiones de la Junta Municipal una vez más. De esta manera, se retrasa la posibilidad de la apertura de una carpeta fiscal que investigue el caso.

Una auditoría externa a la Municipalidad de Lambaré, del periodo comprendido entre julio y noviembre del 2021, concluyó la existencia de un grave daño patrimonial. En cuatro meses hubo llamados a licitación por más de G. 3 mil millones, se contrató a una consultora por más de G. 100 millones y hubo más de G. 486 millones de ingresos que no se depositaron cuando debían, sino muchos días después. Fue durante la administración de Fernando Báez (ANR) como intendente interino.