delito ambiental

PARAGUARÍ. La fiscala de la Unidad Especializada de Delitos Ambientales, de la Unidad II de Asunción Lisa Martínez Amarilla y técnicos del Ministerio de Desarrollo Sostenible (Mades) verificaron la denuncia realizada por los vecinos del barrio Sub Marino, del desvío del cauce del arroyo Jukyry y el derribo de árboles nativos. El hecho ocurrió el miércoles último, afectando la plaza Libertad, que cortaron para la canalización del agua.

LUQUE. La Dirección de Fiscalización del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sustentable (Mades) intervino un predio que estaba siendo rellenado con todo tipo de residuos, escombros y hasta vidrios, aparentemente de forma irregular y sin permiso ambiental. La intención de los pobladores de un territorio social, supuestos responsables del hecho, es nivelar el terreno y abrir una calle vecinal, además de construir una plaza pública.

LUQUE. Escombros, residuos domiciliarios y hospitalarios, vidrios y otros tipos de basura son llevados diariamente por camiones de gran porte hasta un predio del territorio social Virgen de Caacupé, que linda con el arroyo Yukyry, según denuncia. El objetivo sería rellenar los humedales del lugar para luego abrir un camino vecinal y una plaza. Algunos pobladores aseguran que cuentan con permiso municipal y defienden el proyecto.

El Ministerio Público pide informes al fiscal interviniente del caso de Ignacio Masulli, tras la publicación de absurdo caso judicial que le tocó afrontar. El joven, en febrero de este año, fue llamado a una inspección psicológica y a declarar bajo la carátura de “Delito Ambiental”; sin embargo, en junio del 2020, él solo había salido a pasear a sus perros durante la hora límite de la restricción de circulación por el coronavirus.

YABEBYRY. Una intervención por bombeo y alteración del arroyo Pikyry fue constatado este sábado por funcionarios del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) a raíz de una denuncia hecha por el intendente Ignacio Brizuela. Se hizo también la denuncia ante la Fiscalía del Ambiente, sin embargo la fiscala llegó varias horas más tarde y los arroceros ya retiraron las bombas de extracción irregular de agua, es decir escondieron las evidencias de su delito ambiental.