El presidente de la comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara de Senadores, Javier Zacarías Irún (ANR, oficialista), prometió que el martes, a las 10:00, la comisión se reunirá para tratar y dictaminar los proyectos de resoluciones contra los fiscales Sandra Quiñónez, Lorenzo Lezcano y Osmar Legal.
Abrirán una investigación contra el fiscal Lorenzo Lezcano para corroborar o no la acusación efectuada por la parlamentaria Masi. Según la denuncia, la fiscalía ya tenía conocimiento desde mayo de 2021 acerca de Ezequiel Santoro, quien se habría ocupado del hospedaje de los tripulantes del avión iraní en su paso por el país el 12 de mayo último.
Ante la inacción de la Fiscalía que debió actuar de oficio, ayer por la mañana, el senador Pedro Santa Cruz junto al abogado Jorge Rolón Luna presentó denuncia por violación de los artículos 254 y 27 de la Constitución Nacional así como la Ley Orgánica del Ministerio Público, que prohíben la afiliación y militancia política de fiscales y jueces.
René Fernández, ministro anticorrupción, confirmó esta mañana que por instrucción del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, se presentará hoy una denuncia penal ante la Fiscalía debido a sospechas de asociación terrorista y financiamiento del terrorismo en el marco de las investigaciones del avión iraní que aterrizó recientemente en Paraguay.
La denuncia ante la Fiscalía que promovió el candidato cartista a la presidencia de la República Santiago Peña Palacios es contra el secretario privado de la Presidencia Mauricio Espínola Núñez, quien en un tweet reveló que el candidato percibió más de US$ 1.500.000, en tres años y medio como director del Banco BASA, entidad del Grupo Cartes, sospechado de lavar activos, según el posteo. La Fiscalía imprimió a la denuncia una inusual celeridad e incluso se “inspiró” en la denuncia para hacer requerimientos.
Exmiembros de la Comisión Directiva del Colegio de Escribanos del Paraguay denunciaron por lesión de confianza ante la Fiscalía a los actuales directivos de este gremio a quienes acusan de haberse allanado para reconocer una deuda a la que consideran prescripta de más de G. 20.000 millones de una demanda en la que reclama la Corte Suprema lo percibido por la venta de materiales de uso notarial.