Editorial

El presidente de la CSJ, César Diesel; la vicepresidenta primera, Carolina Llanes; el vicepresidente segundo y titular del JEM, César Garay Zuccolillo; los ministros Luis María Benítez Riera, Alberto Martínez Simón y Eugenio Jiménez Rolón, junto al presidente Santiago Peña, habrían fracturado seriamente el artículo 3 de la Constitución Nacional de la República del Paraguay, que establece la separación de los poderes del Estado, y el artículo 248 de la Independencia del Poder Judicial, el límite infranqueable de todo Estado de derecho. Con una sesión clandestina en Mburuvicha Róga, en las sombras, oculta y a escondidas como todo aquello indebido que se esconde de la transparencia, dieron una estocada a la administración de la justicia en el Paraguay. En la mañana de ayer todos los invitados aceptaron que estuvo Santiago Peña, pero nadie hizo un desmentido categórico sobre la eventual presencia del titular partidario y líder de Honor Colorado, Horacio Cartes.

El presidente Santiago Peña, su asesor político y vicepresidente tercero de la ANR, José Alberto Alderete, y el titular de ese partido, Horacio Cartes, se habrían reunido en horas de la noche en Mburuvicha Róga con seis ministros de la Corte Suprema de Justicia. El llamativo hecho vuelve a poner en tela de juicio la residencia presidencial como escenario de sospechosos conciliábulos. ¿Sabían los ministros que también asistiría Cartes y que no se revelaría a los ciudadanos el temario de la reunión? En caso afirmativo, los más altos magistrados no habrían hecho respetar su investidura ni demostrado favorecer la transparencia en la gestión pública, concurriendo poco menos que como simples afiliados a la ANR para recibir instrucciones del presidente partidario. De lo contrario, habrían sido sorprendidos en su buena fe, por el propio jefe del Poder Ejecutivo. En uno u otro caso, su papel ha sido bochornoso: no han estado a la altura de la dignidad del cargo que ostentan.

En el día de la Virgen de Caacupé, los obispos del Paraguay pusieron nuevamente énfasis sobre los principales problemas que afectan a nuestro país, resaltando en numerosas referencias los efectos de la corrupción y la necesidad de adoptar medidas para combatirla por sus efectos nefastos sobre nuestra sociedad. El oficiante principal, el obispo local, monseñor Ricardo Valenzuela, enfatizó en su homilía que los gobernantes deben atender siempre el bien común. Sostuvo que sus acciones deben fundarse en la honestidad y en el espíritu de servicio, sobre todo hacia los más vulnerables, para que tengan una vida digna. “Ello exige erradicar la corrupción, una de las grandes causas del triste estado de un país, como el nuestro, ...”, agregó. Por su parte, los obispos del Paraguay emitieron una Carta Pastoral sobre el Bien Común, una de las más enjundiosas de los últimos años, en la que hicieron un repaso de los temas más candentes de la actualidad y sugirieron algunas líneas a seguir.

Yacyretá ha sido un pésimo negocio para el Paraguay. Testigos de la época cuentan que la firma del Tratado de Itaipú se precipitó por un exabrupto del Gral. Alejandro Lanusse en la mesa del Gral. Emilio Garrastazu Médici, y, por su parte, la del Tratado de Yacyretá, el 3 de diciembre de 1973, hace 52 años, por una llamada telefónica de Juan Domingo Perón a su amigo Alfredo Stroessner. Desde entonces han pasado 13 presidentes en Brasil, 16 en Argentina, aquí cayó la dictadura y se han sucedido diez gobiernos más, y hasta el día de hoy las condiciones leoninas en detrimento del Paraguay en ambos instrumentos continúan vigentes, con una diferencia: Brasil, al menos, ha pagado el precio de costo. Argentina, ni eso. El resultado es que, 52 años después, la deuda por la construcción de Itaipú ya está cancelada, mientras que la deuda de Yacyretá es un agujero negro cuya profundidad nadie conoce a ciencia cierta y que, en vez de reducirse, crece cada vez más.

La falta de control interno es una de las principales causas del fracaso en las instituciones públicas. Esta falta de control propicia el avance voraz de la corrupción y, en consecuencia, el decadente servicio público que repercute en la salud, la educación, la seguridad y, en general, en los derechos básicos de la población. Según el informe publicado por la Contraloría General de la República (CGR) sobre los medicamentos vencidos del Hospital de Clínicas, se “revela una gestión deficiente (…) caracterizada por el uso inadecuado de recursos públicos (medicamentos vencidos por valor millonario) y una falla en los controles administrativos (falta de sistemas informáticos y manuales) que pone en riesgo tanto la finanza del Estado como la salud de los pacientes”. El uso inadecuado de recursos públicos es la definición de lo que se entiende por “corrupción”.