Editorial

Impecable el comunicado de la Federación Paraguaya de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas sobre la reforma de la Caja Fiscal, máxime cuando se trata de un sector que integra a la verdadera amplia mayoría trabajadora del país y, por ende, el que soporta proporcionalmente el mayor peso del financiamiento estatal. La Fedemipymes reclama nada más y nada menos que lo justo: que la reforma garantice la sostenibilidad del sistema, de modo a no cargar el déficit sobre las espaldas de la población, y que se equiparen los parámetros jubilatorios del sector público a los del sector privado, para que no haya en el Paraguay ciudadanos de primera y de segunda. La entidad tiene toda la razón: hay una sola reforma admisible, la que ponga en pie de igualdad a toda la fuerza laboral, pública y privada, y se asegure de que ningún sector se beneficie con privilegios a costilla de los demás.

El último 28 de enero, y al cabo de tres días de internación, el asegurado Braulio Vázquez, sonidista de un canal de televisión, falleció en el Hospital Central del IPS porque los equipos necesarios para un cateterismo cardiaco de urgencia estaban fuera de servicio debido a desperfectos. Como el nosocomio no contaba con insumos para el tratamiento, los familiares del paciente habían tenido que comprarlos por valor de unos once millones de guaraníes. Entretanto, los familiares de otro asegurado, Hermenegildo Ríos, que también requiere un cateterismo cardiaco, están muy angustiados. Le dijeron que “la máquina no funciona desde hace tres días”, pero la espera ya dura más de veinte, según su esposa. De este modo, resulta que una internación en el ente previsional puede suponer un riesgo mortal. Una muerte que no fue evitada debido a la falta de mantenimiento de equipos médicos, podría implicar una negligencia culposa.

Aún no ha llegado el gasoil que debía proveer de urgencia la firma catarí ligada a Alejandro Domínguez Pérez, en virtud de un contrato del 30 de septiembre de 2024, pese a las nueve prórrogas otorgadas por Petróleos Paraguayos (Petropar). La última, que data del 4 de noviembre pasado, vencerá el próximo 28 de febrero, siendo muy improbable, en vista de los antecedentes, que esta vez se cumpla con la obligación pendiente. Por de pronto, el presidente de la empresa estatal, Eddie Jara, cuya declaración jurada de bienes y rentas fue severamente objetada por la Contraloría General de la República, se apresta a realizar una nueva “compra de oportunidad”, de hasta 80.000 metros cúbicos del mismo combustible y de nuevo mediante un “procedimiento especial”, debido a la supuesta premura del caso. Es de esperar que esta vez la entrega no tenga tantas prórrogas.

Aparte de la pésima formación docente, reflejada en el analfabetismo funcional del 70% de los alumnos, registrada por el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA), la educación pública adolece de gravísimas deficiencias en cuanto al control de la infraestructura de los centros de enseñanza. Es lo que se desprende de un informe de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud, basado en un muestreo de 358 locales, realizado entre agosto y septiembre de 2025, que también incluyó a los de gestión privada: solo en el 40% de ellos se realizarían inspecciones regulares para detectar riesgos y problemas de seguridad. Si en Asunción los problemas de infraestructura son agudos, en el interior del país lo son aún más, tanto que no es raro que se dicten clases a la sombra de un árbol. Resulta intolerable que a la pésima calidad de la enseñanza se agregue que el descontrol de la infraestructura ponga en riesgo la vida y la integridad de alumnos y docentes.

En la tarde del 19 de enero, cuatro asaltantes bien armados, dotados de chalecos antibalas y placas policiales, se llevaron de un motel luqueño 600.000 dólares, con los que presuntamente un ciudadano japonés iba a concluir la compra de un inmueble del dueño del lugar. Tres de los autores del golpe, ya identificados, cuentan con antecedentes penales. En la madrugada de anteayer, un empresario pakistaní-peruano fue asesinado a cuchilladas cuando dos jóvenes asaltaron una casa quinta de Capiatá. En la madrugada de ayer, un contador, que ya había sido atracado hace cuatro años, murió en su casa de Fernando de la Mora, tras un tiroteo con cuatro asaltantes, uno de los cuales también cayó abatido. Este último, Emerson Ruiz Costa (“Pingüi”), de apenas 20 años, tenía nada menos que siete procesos abiertos, pero él seguía en libertad. Algún responsable del Poder Judicial debería explicar tanta deferencia o negligencia con alguien tan peligroso como él, según las propias autoridades.