25 de diciembre de 2025
Si se confirman las sospechas expresadas por el diputado colorado Mauricio Espínola acerca de créditos otorgados por Ueno Bank a empresas de su mismo grupo corporativo, estaríamos ante un escenario sumamente peligroso que ya se vivió en Paraguay en la década de 1990, con terribles consecuencias. Como regla, los bancos no deben prestarse a sí mismos con el dinero de sus ahorristas. Si lo hacen, solamente lo tienen permitido hasta un porcentaje pequeño de sus carteras, lo cual debería ser aun más estricto en una entidad cuya mayor fuente de depósitos es el sector público y el Instituto de Previsión Social. Según la información que maneja el diputado Espínola, esos límites se traspasaron con maniobras elusivas y con la complaciente vista gorda del Banco Central del Paraguay. Si hay algo con lo que no se puede jugar es con el dinero de los ahorristas, públicos y privados, en el sistema financiero.
Debido a la aguda crisis financiera de la Municipalidad de Asunción, como resultado de la corrupción y el prebendarismo rampantes, los ediles sesionaron en forma extraordinaria para recibir el pedido del intendente Luis Bello (ANR, cartista) para que le permitan contratar con cuatro entidades financieras un préstamo de 184.000 millones de guaraníes (28 millones de dólares), a sesenta días de plazo, ofreciendo tributos municipales como garantía de pago. El dinero será destinado, entre otras cosas, al pago de aguinaldos y deudas dejadas por el desastroso Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR, cartista); es decir, la recaudación comprometida servirá para tapar agujeros y cumplir con el personal, dejando de lado los múltiples requerimientos urbanos. La Intendencia promete aumentar los ingresos, publicando una lista de morosos y digitalizando el catastro. En todo caso, recaudar más solo para abonar aguinaldos y deudas no habrá de mejorar la calidad de vida de los vecinos.
El presidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), Enrique Duarte, pronunció un discurso de fin de año en el que, aparte de reconocer logros macroeconómicos de la gestión gubernativa, señaló actitudes y omisiones que deberían ser corregidas. De entrada, instó a “abandonar la retórica” estéril “para encarar con imaginación y valentía las reformas” que el país requiere, como las que, si no se efectuaran, causarían “distorsiones (...) en la estabilidad macroeconómica, así como en la estabilidad de las cuentas públicas”. Las inquietudes de la UIP provienen de quienes contribuyen, junto con sus empleados, al desarrollo del Paraguay: aquí no entra en juego la politiquería. Si el gremio apunta los aspectos positivos que se registran en el país, es de pensar cuántas cosas más se pueden lograr si se superan los factores limitantes que frenan un mayor desarrollo, y que se enumeran con precisión en el discurso del titular del gremio.
El presidente Santiago Peña destaca que la economía está creciendo por tercer año consecutivo por encima de su potencial, y en verdad que es un hecho destacable que hemos resaltado reiteradamente en nuestros editoriales. Lo que no se cuenta es el otro lado de la historia. El que sea “por encima de su potencial” indica justamente que el crecimiento no se debe a la gestión gubernamental, sino a un esfuerzo extra del sector privado para sobreponerse a los obstáculos que persisten en el ambiente económico. Y esta es una de las mayores críticas que se le deben hacer a esta administración: que no ha aprovechado el ciclo favorable para realizar las reformas estructurales que, precisamente, eleven el potencial de crecimiento y la fortaleza del país. La economía está creciendo y eso es bueno, pero los cuellos de botella siguen allí, los problemas se han agravado y el país no se ha preparado para cuando cambien las tendencias.
Entre 2014 y 2025, la cantidad de puestos en el Poder Legislativo creció de 1.992 a 3.259, con lo que el gasto en “servicios personales” llegó a 610.272 millones de guaraníes. Insatisfechos con esa costosa evolución, los parlamentarios incluyeron 102 nuevos cargos en el ya sancionado Presupuesto del próximo año, con lo que el gasto en el referido concepto ascendería a 660.372 millones de guaraníes si el Poder Ejecutivo no vetara el aumento. El mayor desembolso anual se ha hecho un hábito compartido por oficialistas y opositores, lo que revela que la “clase política” es adicta al gasto público en favor de las respectivas clientelas. Incluso los mismos que censuran la corrupción y el derroche aprueban la invención de prebendas a costa de la satisfacción de urgentes necesidades públicas. La multiplicación de cargos, aprobada cada año por senadores y diputados de todos los colores, implica una afrenta al buen sentido y al pueblo que representan.
A propósito de la reunión mau en Mburuvicha Róga entre seis de los nueve ministros de la Corte Suprema de Justicia, el presidente de la República, Santiago Peña, su asesor político y vicepresidente tercero de la ANR, José Alberto Alderete, y el presidente de ese partido, Horacio Cartes –presencias no desmentidas hasta ahora–, en sesión plenaria del miércoles los miembros de la máxima instancia judicial dieron su descargo, entre otras cosas, confirmando que tal reunión se llevó a cabo en el quincho presidencial, por fuera de la agenda oficial y al parecer en horas de la noche. En este entuerto, cuando más se necesita reestablecer la confianza en los órganos de justicia, una reunión secreta donde aparentemente participa el presidente del partido político de Gobierno y líder del movimiento mayoritario en el Congreso, no es precisamente la mejor muestra de transparencia y buena gestión de los ministros de la Corte Suprema.