Impecable el comunicado de la Federación Paraguaya de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas sobre la reforma de la Caja Fiscal, máxime cuando se trata de un sector que integra a la verdadera amplia mayoría trabajadora del país y, por ende, el que soporta proporcionalmente el mayor peso del financiamiento estatal. La Fedemipymes reclama nada más y nada menos que lo justo: que la reforma garantice la sostenibilidad del sistema, de modo a no cargar el déficit sobre las espaldas de la población, y que se equiparen los parámetros jubilatorios del sector público a los que rigen en el sector privado, para que no haya en el Paraguay ciudadanos de primera y de segunda, tal como lo consagra la Constitución Nacional.
El gremio considera “irrazonable e inaceptable” que beneficios no cubiertos por los aportes de los funcionarios “se financien con recursos ciudadanos”, en especial considerando que una porción abrumadora de la fuerza laboral no tiene acceso a una jubilación, pero se ve obligada a contribuir con sus impuestos para solventar las de los dependientes del Estado.
“Siete de cada diez paraguayos no se jubilan y, sin embargo, están sosteniendo privilegios de una casta”, señala el documento. De acuerdo con datos divulgados por el Ministerio de Economía, los aportes a la Caja Fiscal solo alcanzan para el 29% de los egresos, mientras que el restante 71% se costea con los impuestos pagados por toda la ciudadanía, relación que empeora constante y rápidamente.
La Fedemipymes apoya la reforma y la considera crucial para “brindar justicia social, previsibilidad macroeconómica y mantener el grado de inversión”, a la par de instar a las autoridades a asumir el costo político frente a las “resistencias naturales de quienes detentan privilegios”.
“El sector político que permitió estas inequidades debe asumir su responsabilidad y sancionar condiciones igualitarias para el acceso a la jubilación, para que no existan ciudadanos de primera y de segunda, cumpliendo el mandato de nuestra Constitución Nacional que juraron respetar”, subraya el comunicado.
Los reclamos de la Fedemipymes son absolutamente legítimos y justificados. Se habla del “impacto social” que supondría recortar beneficios para contener el déficit de la Caja Fiscal, pero no se tiene en cuenta que todo el sector público, incluyendo los tres Poderes del Estado, las gobernaciones y municipalidades, los entes descentralizados y las fuerzas policiales y militares, suman alrededor del 10% del empleo a nivel nacional. El verdadero impacto social es el que sufre el otro 90%, que tiene que financiar jubilaciones de privilegio sin recibir nada a cambio; al contrario, privándose de servicios estatales a los que tendrían que estar destinados sus impuestos.
Y si consideramos que más del 75% de la población económicamente activa no está adherido a ningún sistema de seguridad social, ni Caja Fiscal, ni IPS, ni de ninguna clase, y que, en consecuencia, no va a tener ninguna jubilación, eso lo hace mucho más injusto todavía.
Los distintos segmentos del funcionariado aportan 16% del sueldo por tiempos variables y se jubilan a una edad media de 52 años, con casos de retiros a los 32 o 35 años. Se alega que el Estado debe aportar como empleador, pero en los últimos años el déficit de la fuerza pública financiado con fondos estatales ascendió a 801 millones de dólares para calzar las jubilaciones en el sector público y el agujero crecerá otros 3.000 millones de dólares en los próximos cinco años si no se toman medidas.
Peor aún en términos morales es el caso de la Caja Parlamentaria, que permite a los congresistas percibir altas pensiones vitalicias con apenas diez años de aportes. El senador Silvio Ovelar reveló que ya hay 215 beneficiarios, “y 476 sumadas las viudas”. Ese solo dato demuestra su inviabilidad, ya que solo hay una base fija de 125 aportantes activos (80 diputados y 45 senadores), mientras que los parlamentarios y exparlamentarios con el beneficio ya duplican o triplican ese número y cada vez serán más.
Se forman mesas de trabajo, se presentan propuestas alternativas, hasta los miembros del Congreso se muestran dispuestos a hacer algunos retoques a su impresentable “jubilación vip”, obligados por la reacción social, pero todo ello tiene en común la premisa de seguir cargando la factura sobre los contribuyentes.
La Fedemipymes tiene toda la razón: hay una sola reforma admisible, la que ponga en pie de igualdad a toda la fuerza laboral, pública y privada, y se asegure de que ningún sector se beneficie con privilegios a costilla de los demás.