Aparte de la pésima formación docente, reflejada en el analfabetismo funcional del 70% de los alumnos, registrada por el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA), la educación pública adolece de gravísimas deficiencias en cuanto al control de la infraestructura de los centros de enseñanza. Es lo que se desprende de un informe de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud, basado en un muestreo de 358 locales, realizado entre agosto y septiembre de 2025, que también incluyó a los de gestión privada: solo en el 40% de ellos se realizarían inspecciones regulares para detectar riesgos y problemas de seguridad.
Se entiende así que hayan sido los propios padres de los alumnos de la escuela pública San Francisco, de la capital, quienes exigieron el año pasado que fuera reparada, sin que hasta hoy sus reclamos hayan sido atendidos, pese a que fue clausurada a inicios de 2025, por “riesgo de derrumbe”. Como aún se están “realizando tareas de revisión y relevamiento de datos”, según la Oficina de Contrataciones de la Organización de los Estados Iberoamericanos, que suscribió al respecto un convenio con Itaipú Binacional, los mil educandos iniciarán el año lectivo en una fábrica abandonada, en “aulas” divididas por mamparas. Entretanto, a poco de iniciarse el año lectivo, avanzan con suma lentitud las refacciones de los colegios Nacional de la Capital y Técnico Nacional, financiadas también por la citada entidad binacional, esto es, al margen de la Ley de Suministro y Contrataciones Públicas; en el primer colegio –un “patrimonio cultural”, según el ministro Luis Ramírez– las obras se iniciaron en febrero de 2025.
Si en Asunción los problemas de infraestructura educativa son agudos, en el interior del país lo son aún más, tanto que, como bien se sabe, no es raro que se dicten clases a la sombra de un árbol. En el departamento de San Pedro, el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) detuvo los trabajos en 18 centros educativos en agosto de 2025, debido a presuntas irregularidades en los proyectos, causando malestar en las comunidades ejecutivas. En la escuela básica Carolina Romero, de San Lorenzo, las obras de renovación del techo de un pabellón recién empezaron, afectando a 300 alumnos; a mediados de año será intervenido otro pabellón: el supervisor Guido Barrios dijo que una capilla cercana serviría para el inicio de clases. En la misma ciudad, así como en San Antonio, seis escuelas fueron saqueadas por malhechores.
En materia de responsabilidades, el control del estado de las instalaciones no solo compete al Ministerio, sino también a las Gobernaciones y a las Municipalidades, que disponen de dinero del Fondo Nacional de Inversión y Desarrollo (Fonacide) para obras de infraestructura educativa; el control in situ de los locales educativos, al que también deben sumarse los informes de los directores de cada uno de ellos, puede ser más efectivo que el realizado desde la capital del país por la Dirección General de Infraestructura del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).
No es necesario ser arquitecto o ingeniero para advertir fisuras en los techos o en las paredes, que pondrían en riesgo la integridad física o incluso la vida de alumnos y docentes. Desde luego, el mayor responsable del descalabro en materia de infraestructura es el ministro, otrora un crítico implacable del sistema educativo y hoy tanto o más inoperante que sus antecesores. Es cierto que el desastre en cuestión es de larga data, pero no parece que la situación haya mejorado bajo el actual Gobierno, que se jacta de que este año 20.000 alumnos han migrado del sector privado. Si es así, la razón no habrá sido que sus padres hayan estimado que las instalaciones públicas son más seguras.
Haber llegado a las alturas del poder no le permite a Luis Ramírez observar hoy lo que ocurre allí abajo, donde se intenta enseñar y aprender en paupérrimas condiciones edilicias. El ministro no ve ni siente nada, como si el presente y el futuro de los estudiantes le tuvieran sin cuidado. Resulta intolerable que a la pésima calidad de la enseñanza se agregue que el descontrol de la infraestructura ponga en riesgo la vida y la integridad de alumnos y docentes.