26 de octubre de 2026
Familia Arza Huerta
La fiscalía solicita anular acuerdos que perjudican G. 60.000 millones al Estado
El Ministerio Público demandó ayer ante la justicia la nulidad de acuerdos que había firmado el anterior procurador general, Pedro Valiente Lara, por un monto de 60.000 millones. La mayor beneficiaria es la familia Arza Huerta, que reivindican una propiedad en la Fuerza Aérea. Otro es el exsenador colorado Amado Yambay.
Senador Saguier confirma que tiene unión sentimental con Arza Huerta
El senador Miguel Abdón Saguier hizo ayer una apasionada defensa de los intereses de la familia Arza Huerta en la Cámara de Senadores. Utilizó una hora de la sesión para justificar entretelones jurídicos de un caso que puede culminar con una estafa al Estado de 10 millones de dólares. Saguier confirmó que está unido sentimentalmente con un familiar de los Arza Huerta.
El Estado no debe pagar un centavo por tierras que pertenecen a la FAP
La familia Arza Huerta reclama 10 millones de dólares al Estado por la venta de tierras que no existen y cuya propiedad corresponde a la Fuerza Aérea Paraguaya. El Ministerio Público inició una investigación para determinar la posibilidad de estafa en perjuicio de fondos públicos. El exprocurador Pedro Valiente Lara se encuentra en la mira de los investigadores.
Pericia técnica coincide en señalar que el terreno que piden los Arza no existe
El juez Silvino Delvalle ordenó la restitución a la familia Arza Huerta de un inmueble de ocho hectáreas dentro del predio de la Fuerza Aérea. El oficial de justicia dejó constancia de que la orden es “de cumplimiento imposible”. Peritaje técnico confirmó que el predio reclamado no existe. Igual se debe pagar US$ 10 millones.
La Procuraduría hará lo imposible para romper el contrato con los Arza Huerta
El Abog. Roberto Moreno, nuevo procurador general, solicitó el 27 de agosto a la Dirección General de Contrataciones analizar posibles irregularidades en la compra de tierras de la familia Arza Huerta. El Estado asumió el compromiso de pagar 10 millones de dólares en un “fatazo” con conexiones político-judiciales.