9 de febrero de 2026

Tras la primera reunión del Gabinete Social de 2026, el Gobierno propuso el fortalecimiento de la clase media como prioridad para este ejercicio. El objetivo es ambicioso, pero necesario: lograr que las monumentales cifras macroeconómicas de los últimos años finalmente se “derramen” de manera tangible en los bolsillos de un sector que hoy representa el 42,7% de la población.
Aunque sea una perogrullada, no está de más subrayar que la democracia requiere de organizaciones políticas fuertes, dotadas de un ideario-programa que esboce lo que harían desde el Gobierno. Así como están las cosas en este país, beneficiado por su simbiosis con el Estado, el único partido más o menos sólido, pese a sus conflictos internos, es el que impera desde el 13 de enero de 1947, con el breve paréntesis de 2008-2013. De hecho, el tradicional bipartidismo paraguayo está en vías de extinción, considerando la marcada decadencia que, en más de un sentido, arrastra el PLRA desde hace ya mucho tiempo. Muchos de sus dirigentes nacionales no descuellan por sus luces ni por su honestidad, dos atributos que distinguieron a sus próceres de otrora. El común de sus 31 congresistas de hoy está muy lejos de representar al pueblo con altura, en tanto que ninguno de sus dos gobernadores y ochenta intendentes descuella por su gestión gubernativa.
Más allá de los sucesivos Gobiernos, hay cuestiones de interés público que se repiten una y otra vez en el tiempo, como si fueran insolubles. No se toman medidas de fondo para evitar que con suma frecuencia se formulen los mismos reclamos por parte de los afectados por la acción o, sobre todo, la omisión de los organismos estatales competentes. Los nuevos jerarcas que llegan obran o se cruzan de brazos como si tuvieran que enfrentar situaciones novedosas, sobre las que no hay suficientes experiencias acumuladas que sirvan al menos para atenuar la gravedad de ciertas problemáticas sociales. Así, se repiten los problemas relacionados con los indígenas, con los cañicultores, con el transporte público de pasajeros, o con los productores de tomates y cebollas, sin que un Estado ineficiente, gordo y pesado atine a darles solución.

El gobierno de Santiago Peña (ANR-HC) optó por presentar ante el Congreso un nuevo paquete de ley y por seguir postergando la reforma de Caja Fiscal, considerada como prioritaria para el país por analistas económicos, calificadoras de riesgo y organismos financieros internacionales.

El economista y exministro de Hacienda, Dionisio Borda, manifestó que en estos dos años del gobierno de Santiago Peña no se observan “el despertar de un gigante” ni los resultados del récord de viajes al exterior, la gente no siente en su bolsillo el crecimiento económico, la deuda pública aumenta, el déficit de la Caja Fiscal crece, mientras la corrupción, la impunidad y la narcopolítica se expanden.
La ola de inseguridad ciudadana continúa cobrando víctimas entre muertos y heridos con secuelas en estos últimos dos años. La mayoría de los casos de homicidio se dan en el ambiente familiar y social, según estadísticas, en tanto que la delincuencia tampoco da tregua con series de asaltos y robos, mientras sigue en déficit la tarea preventiva de la Policía Nacional.