27 de diciembre de 2025

Un abogado constitucionalista hizo un análisis de las consecuencias dañinas para la institucionalidad en Paraguay que podría tener la reunión secreta realizada entre ministros de la Corte Suprema, el presidente Santiago Peña y el presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes. Dijo la situación de indicios de un sometimiento de la Justicia para favorecer al poder político y advirtió que la falta de seguridad jurídica podría afectar la capacidad de Paraguay de captar inversiones.


Santiago Peña, cuando aún era candidato al Poder Ejecutivo, había expresado que le “encantaría” restablecer las relaciones diplomáticas con Venezuela, en caso de que llegara a la presidencia. Ahora, con más de un año en el cargo, el “deseo” del cartista se acabó luego de la ruptura de las relaciones entre ambos países. A criterio de un exsenador y abogado constitucionalista, esto demuestra una “pésima política exterior” del Gobierno paraguayo.

Durante la reunión en Diputados, el abogado constitucionalista Hugo Estigarribia no solo destrozó jurídicamente la actuación de la comisión “garrote”, sino también advirtió sobre la Ley contra las Organizaciones No Gubernamentales (ONG). Agregó que este proyecto de ley sancionado es un gran dilema para el presidente Santiago Peña porque debe optar por hacerle caso a lo que impone el cartismo o cumplir su rol de jefe de Estado.

Hugo Estigarribia, exsenador colorado y constitucionalista, afirmó que “un significativamente corrupto, según Estados Unidos, como presidente del Partido, mayor vergüenza que esa no puede tener hoy el Partido Colorado”, refiriéndose a Horacio Cartes. Aseguró que hoy no existe disidencia en la Asociación Nacional Republicana (ANR), tal y como lo afirmó Horacio Cartes en su discurso.

Luego de la ratificación de las sanciones de Estados Unidos a Tabesa resurgen varios datos sobre Horacio Cartes, quien había sido declarado como “significativamente corrupto” por el gobierno norteamericano. Al respecto, un exsenador mencionó que hay un “trascendido” sobre que el expresidente habría comprado propiedades en Venezuela como parte de un plan de “asilo”.

Ayer, un grupo de juristas constitucionalistas y de derechos humanos concurrieron ante la Comisión de Asunto Constitucionales de Diputados, la cual fue ignorada para tratar el proyecto de control a las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL), pese a los serios cuestionamientos constitucionales que posee.