6 de diciembre de 2025
Tras largas dilaciones, los diputados se ocuparán hoy de los pedidos de intervención de seis Municipalidades, debido a presuntos delitos o irregularidades administrativas, que en tres casos están siendo investigados por el Ministerio Público. Los pedidos surgieron de las respectivas Juntas Municipales de Tomás Romero Pereira, Ñemby, Ybyrarobaná, Emboscada, Lima y Yby Yaú. Los tres primeros municipios tienen un intendente colorado cartista y los otros están a cargo de opositores. La solicitud que afecta a Hernán Ysidro Rivas –padre del ya tristemente famoso exdiputado y hoy senador Hernán David Rivas (ANR, cartista)– ya salvado de la intervención en 2023 y luego denunciado por desvío de fondos, fue retenida en el Ministerio del Interior nada menos que desde junio de 2024 hasta agosto de este año, cuando fue trasladada a la Cámara de Diputados junto con las otras, salvo la referente a la Municipalidad de Ybyrarobaná, que llegó al Palacio Legislativo recién en octubre.

La Cámara de Diputados dio media sanción a un controvertido proyecto de ley que permitiría lograr la “impunidad” de varios procesados con casos muy pesados, según advirtieron varios legisladores. A quienes se mostraban críticos a la iniciativa, los cartistas les patotearon y a los gritos los interrumpieron en sus argumentaciones. El proyecto en cuestión reduce los plazos procesales, facilitando la impunidad mediante “chicanas” o plazos ínfimos. ¿Quiénes podrían ser los favorecidos? Hay nombres y casos conocidos.
La sensación de injusticia en Alto Paraná es palpable y comprensible en medio de las recientes noticias sobre el sobreseimiento definitivo de la exintendenta Sandra McLeod de Zacarías y otros siete procesados, en un caso de desvío de G. 3.700 millones de la Municipalidad de Ciudad del Este. Este evento –como otros similares– diluye la confianza en el sistema judicial y se perpetúa la impunidad.
La garantía de impunidad es la mayor amenaza a la seguridad, a la convivencia pacífica y en libertad de la sociedad. Esa garantía de impunidad envalentona a los bandidos de todos los pelajes. A los matones, a los abusadores, a los corruptos en la función pública, a los piratas que ejercen funciones dentro de los poderes del Estado, en las organizaciones privadas empresariales, educativas, confesionales.