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La comisión “garrote” que se formó en el Congreso no logró probar nada de las supuestas investigaciones sobre lavado de dinero, como anunciaron con bombos y platillos. El cartismo evidenció con la entrega del informe final que el objetivo principal fue perseguir a sus enemigos políticos, como las organizaciones no gubernamentales, medios de prensa y empresas.

Nuestra Constitución establece, en su Artículo 62, que se “reconoce la existencia de los pueblos indígenas, definidos como grupos de cultura anteriores a la formación y organización del Estado paraguayo”.

Mucho ruido y pocas nueces: la expresión viene a cuento de los magros frutos que cosechó la Comisión Bicameral de Investigación “Antilavado”, con su bautizada “ley garrote” o “ley anti-ONG”, conformada en agosto de 2024 a todas luces para perseguir, sobre todo, a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) desafectas al Gobierno, mientras el Congreso estudiaba un proyecto de ley en tal sentido, presentado por el senador Gustavo Leite (ANR, cartista), paradójicamente tesorero este de la ONG Oráculos del Paraguay, receptora de fondos de Itaipú Binacional y de Tabacalera del Este. Esa suerte de Tribunal de la Inquisición ya emitió su arbitraria sentencia, aunque no pudo evitar admitir que le faltaron pruebas para sostener todas sus presunciones. Se quedó con las ganas y las manos vacías. Eso sí, se cuidó de husmear en las cercanías del poder político y económico que lo inspiró: una verdadera canallada liberticida. 

La Comisión “Garrote” del cartismo presentó su “informe final” ante del Senado, donde terminaron vapuleados por senadores opositores, que tildaron de “malparida” e “inquisitoria” y que debió llamarse “Comisión no pude”, por no lograr resultado alguno más que el de perseguir a contrarios. Los cartistas insistieron. Pese al papelón, la Comisión “garrote” cierra con intención de seguir con el apriete selectivo y repartir en informe a organismos internacionales.

El director de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), Óscar Orué, explicó que las críticas que miembros de la conocida “comisión garrote” hicieron hacia su persona ocurrieron luego de que se les negara información tributaria que podría ser utilizada para persecución política, ya que la misma ley establece esa prohibición.