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El director ejecutivo de la Fundación Moisés Bertoni, una organización sin fines de lucro dedicada al ambientalismo, opinó que existe una “lógica autoritaria” y un “objetivo político” detrás de la ley de control, transparencia y rendición de cuentas de organizaciones no gubernamentales, impulsada por el cartismo y reglamentada la semana pasada por el presidente Santiago Peña. Adelantó que se analizará si se justifica presentar un recurso de inconstitucionalidad.

Organizaciones “no gubernamentales” (ong) globalistas están influenciando la realización de cierres de rutas por personas descriptas como “originarias”, pisoteando impunemente el derecho establecido por el Artículo 41 de nuestra Constitución que dice “Los habitantes pueden transitar libremente por el territorio nacional”.

La reciente suspensión de operaciones de Biggie Express, medida aplicada por Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa), ha generado alarma entre diversas organizaciones de la sociedad civil en Paraguay, que advierten sobre el impacto económico y social de esta decisión.

La comisión “garrote” que se formó en el Congreso no logró probar nada de las supuestas investigaciones sobre lavado de dinero, como anunciaron con bombos y platillos. El cartismo evidenció con la entrega del informe final que el objetivo principal fue perseguir a sus enemigos políticos, como las organizaciones no gubernamentales, medios de prensa y empresas.

Nuestra Constitución establece, en su Artículo 62, que se “reconoce la existencia de los pueblos indígenas, definidos como grupos de cultura anteriores a la formación y organización del Estado paraguayo”.