ONG

Nuestra Constitución establece, en su Artículo 62, que se “reconoce la existencia de los pueblos indígenas, definidos como grupos de cultura anteriores a la formación y organización del Estado paraguayo”.

Mucho ruido y pocas nueces: la expresión viene a cuento de los magros frutos que cosechó la Comisión Bicameral de Investigación “Antilavado”, con su bautizada “ley garrote” o “ley anti-ONG”, conformada en agosto de 2024 a todas luces para perseguir, sobre todo, a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) desafectas al Gobierno, mientras el Congreso estudiaba un proyecto de ley en tal sentido, presentado por el senador Gustavo Leite (ANR, cartista), paradójicamente tesorero este de la ONG Oráculos del Paraguay, receptora de fondos de Itaipú Binacional y de Tabacalera del Este. Esa suerte de Tribunal de la Inquisición ya emitió su arbitraria sentencia, aunque no pudo evitar admitir que le faltaron pruebas para sostener todas sus presunciones. Se quedó con las ganas y las manos vacías. Eso sí, se cuidó de husmear en las cercanías del poder político y económico que lo inspiró: una verdadera canallada liberticida. 

La Comisión “Garrote” del cartismo presentó su “informe final” ante del Senado, donde terminaron vapuleados por senadores opositores, que tildaron de “malparida” e “inquisitoria” y que debió llamarse “Comisión no pude”, por no lograr resultado alguno más que el de perseguir a contrarios. Los cartistas insistieron. Pese al papelón, la Comisión “garrote” cierra con intención de seguir con el apriete selectivo y repartir en informe a organismos internacionales.

El director de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), Óscar Orué, explicó que las críticas que miembros de la conocida “comisión garrote” hicieron hacia su persona ocurrieron luego de que se les negara información tributaria que podría ser utilizada para persecución política, ya que la misma ley establece esa prohibición.

El presidente de la Comisión “Garrote”, el liberocartista Dionisio Amarilla, afirmó que dejaron por sentado en su informe concluyente que el Poder Ejecutivo cuanto antes debe emitir el decreto reglamentario sobre la ley que regula las ONG. A la vez, mencionó que el órgano que preside cumplió “con su rol y misión”, aunque reconoció que no pudieron acceder a datos oficiales.