Soberanía

Han pasado tres semanas desde que, de manera insólita, la administración de Santiago Peña suspendió unilateralmente las negociaciones para la revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú, “hasta tanto Brasil brinde las aclaraciones correspondientes a satisfacción del Gobierno de la República del Paraguay” sobre el caso de espionaje digital que, según el comunicado de la Cancillería, ocurrió “entre junio de 2022 y marzo de 2023″; es decir, entre la última etapa del período de Jair Bolsonaro y el inicio del mandato de Lula da Silva. Ni Brasil ha dado las aclaraciones solicitadas ni, que se sepa, el Gobierno paraguayo ha hecho las investigaciones que anunció. Lo único concreto es que la renegociación sigue suspendida, para beneficio del Brasil y detrimento del Paraguay. El Anexo C del Tratado de Itaipú, que regula las “bases financieras y de prestación de servicios de electricidad” de la central, establece en su apartado II.5 que cuando una entidad (ANDE o Eletrobras, ahora ENBpar) “decide” no utilizar la parte de la energía que le corresponde, “podrá autorizar a Itaipú” a “ceder” a “las otras entidades” la parte disponible. Esta disposición constituye la gran trampa del Tratado de Itaipú contra el Paraguay, mediante la cual Brasil históricamente se ha quedado a precio vil con la parte paraguaya del gran potencial energético del río Paraná por diferencia de altura entre los saltos del Guairá y la desembocadura del río Yguazú, un valiosísimo recurso natural supuestamente compartido en proporciones iguales.