12 de febrero de 2026
transparencia
¿Justicia modernizada o doblegada?
Como cierre de año, la CSJ, en la persona de su presidente, Dr. César Diesel, presentó su informe de gestión correspondiente al último periodo. En su alocución, Diesel expuso los principales ejes que, según él, guiaron el actuar y funcionamiento del Poder Judicial, resumiéndolos en la modernización tecnológica, los controles internos y supuestamente la adopción de medidas para garantizar reglas claras y “transparencia en el servicio de justicia”. Este discurso, que en realidad es un documento público que contiene un informe de gestión de un poder del Estado, afirma que la transparencia en la gestión es el faro que guía su actuar, convirtiendo al Poder Judicial en una institución modernizada, con sistema de control y trazabilidad y por sobre todo: ¡¡¡transparente!!! Varios ejemplos demuestran, sin embargo, que el discurso aludido es un poco más de lo que recibe día a día el pueblo paraguayo: palabras vacías, alejadas de la realidad, de espaldas al rol constitucional que deben desempeñar, y en el caso de la CSJ, exaltando transparencia e independencia, cuando aparentemente vive doblegada al poder de turno, cajoneando casos emblemáticos y manteniendo reuniones clandestinas.
Ley de datos personales espera a Latorre para pasar al Ejecutivo
Hasta ahora, la sancionada Ley “de protección de datos personales en Paraguay” sigue en el Congreso, aguardando la firma del presidente de la Cámara Baja, el cartista Raúl Latorre, que se encontraba desde inicios de esta semana en los Estados Unidos de América. Una vez en manos del Ejecutivo, Santiago Peña deberá decidir qué hacer con esta ley que podría fulminar la leyes de transparencia y acceso a información pública.
Una ley a medida para que los corruptos escondan sus fechorías
La aparente agenda de secretismo del Gobierno actual que desde el primer día asomaba sus narices con la mutilación de la Ley de conflicto de intereses, ayer mostró los colmillos con la sanción en la Cámara de Senadores de la “Ley de Protección de Datos Personales” que ahora pasa a manos del presidente Santiago Peña para que ponga las cosas en su lugar o termine de bajar el telón a la transparencia en la obtención de información de interés público. Esta ley, si bien en su versión original fue un proyecto trabajado por organizaciones de la sociedad civil buscando evitar arbitrariedades en el manejo de información sensible por parte de empresas privadas o entes estatales, luego se convirtió en el caballo de Troya de los enemigos de la transparencia y la rendición de cuentas para limitar a la ciudadanía en la obtención de datos de interés público.
Peña prometió transparencia pero si promulga ley beneficiará a corruptos
El presidente de la República, Santiago Peña, tendrá en sus manos la polémica ley de “protección de datos personales”, con el riesgo de que termine de darle el “tiro de gracia” a las leyes de transparencia y acceso a información pública, aunque también estará en juego su cuestionada coherencia. Ante un foro internacional se había comprometido a “seguir luchando hasta el último día” como presidente a favor de la transparencia.
Senado define hoy si mata la transparencia estatal
El Senado debe tratar hoy el proyecto de ley de Protección de Datos Personales que anula leyes de transparencia estatal y Acceso a la información pública a beneficio a funcionarios corruptos y planilleros. El gobierno de Santiago Peña anularía así otro supuesto “logro” de la era de Cartes. Ratificar la versión del Senado, la menos perjudicial, requiere 23 votos.
El ocaso de la democracia empieza a manifestarse
Si hay algo en lo que se ha destacado el Gobierno actual, es en su temor a la transparencia. El ataque a medios de comunicación críticos, organizaciones de la sociedad civil que exigen rendición de cuentas de las autoridades y la promulgación de leyes “garrote” ha sido la constante. El próximo paso apunta a enterrar el proyecto de ley de “Protección de datos personales” a través de la modificación de un artículo neurálgico para su vigencia, el artículo 24 que, luego de ser ultrajado por las destructivas manos parlamentarias, establece excepciones para denegar el acceso a información pública “cuando el daño a la protección de datos sea mayor al interés público”. Esta disposición, en caso de ser sancionada, dará completa discrecionalidad a quienes deben proveer información a la ciudadanía, puesto que basta con alegar que la información que se solicita podría ocasionar un daño a la intimidad para que ella sea negada, y así cerrar las puertas a la transparencia y a la libre formación de la opinión pública.