6 de diciembre de 2025
A riesgo de que explote algo al filo del año y deje en offside a mi comentario, me propongo hacer un recorrido por algunos de los hechos jurídicos ocurridos durante el 2025 como un modo de ofrecer una evaluación del estado actual de los derechos y la justicia en nuestro país.

La aparente agenda de secretismo del Gobierno actual que desde el primer día asomaba sus narices con la mutilación de la Ley de conflicto de intereses, ayer mostró los colmillos con la sanción en la Cámara de Senadores de la “Ley de Protección de Datos Personales” que ahora pasa a manos del presidente Santiago Peña para que ponga las cosas en su lugar o termine de bajar el telón a la transparencia en la obtención de información de interés público. Esta ley, si bien en su versión original fue un proyecto trabajado por organizaciones de la sociedad civil buscando evitar arbitrariedades en el manejo de información sensible por parte de empresas privadas o entes estatales, luego se convirtió en el caballo de Troya de los enemigos de la transparencia y la rendición de cuentas para limitar a la ciudadanía en la obtención de datos de interés público.

El presidente de la República, Santiago Peña, tendrá en sus manos la polémica ley de “protección de datos personales”, con el riesgo de que termine de darle el “tiro de gracia” a las leyes de transparencia y acceso a información pública, aunque también estará en juego su cuestionada coherencia. Ante un foro internacional se había comprometido a “seguir luchando hasta el último día” como presidente a favor de la transparencia.

El Senado debe tratar hoy el proyecto de ley de Protección de Datos Personales que anula leyes de transparencia estatal y Acceso a la información pública a beneficio a funcionarios corruptos y planilleros. El gobierno de Santiago Peña anularía así otro supuesto “logro” de la era de Cartes. Ratificar la versión del Senado, la menos perjudicial, requiere 23 votos.
Si hay algo en lo que se ha destacado el Gobierno actual, es en su temor a la transparencia. El ataque a medios de comunicación críticos, organizaciones de la sociedad civil que exigen rendición de cuentas de las autoridades y la promulgación de leyes “garrote” ha sido la constante. El próximo paso apunta a enterrar el proyecto de ley de “Protección de datos personales” a través de la modificación de un artículo neurálgico para su vigencia, el artículo 24 que, luego de ser ultrajado por las destructivas manos parlamentarias, establece excepciones para denegar el acceso a información pública “cuando el daño a la protección de datos sea mayor al interés público”. Esta disposición, en caso de ser sancionada, dará completa discrecionalidad a quienes deben proveer información a la ciudadanía, puesto que basta con alegar que la información que se solicita podría ocasionar un daño a la intimidad para que ella sea negada, y así cerrar las puertas a la transparencia y a la libre formación de la opinión pública.

El presidente de la Cámara de Diputados, el cartista Raúl Latorre, que retornó de un viaje a Ginebra (Suiza), remitió finalmente esta mañana el proyecto de ley “de protección de datos personales”, cuestionado por atentar contra la transparencia. Con esto, el Senado ya está habilitado a tratar en su último trámite.