9 de febrero de 2026
En la tarde del 19 de enero, cuatro asaltantes bien armados, dotados de chalecos antibalas y placas policiales, se llevaron de un motel luqueño 600.000 dólares, con los que presuntamente un ciudadano japonés iba a concluir la compra de un inmueble del dueño del lugar. Tres de los autores del golpe, ya identificados, cuentan con antecedentes penales. En la madrugada de anteayer, un empresario pakistaní-peruano fue asesinado a cuchilladas cuando dos jóvenes asaltaron una casa quinta de Capiatá. En la madrugada de ayer, un contador, que ya había sido atracado hace cuatro años, murió en su casa de Fernando de la Mora, tras un tiroteo con cuatro asaltantes, uno de los cuales también cayó abatido. Este último, Emerson Ruiz Costa (“Pingüi”), de apenas 20 años, tenía nada menos que siete procesos abiertos, pero él seguía en libertad. Algún responsable del Poder Judicial debería explicar tanta deferencia o negligencia con alguien tan peligroso como él, según las propias autoridades.
La violencia pública que trae aparejados disturbios civiles se está incrementando a nivel global, debido a las tensiones geopolíticas y los efectos derivados de los conflictos crónicos en todo el mundo. Estos hechos de disturbios civiles pueden incluir desde una bomba pirotécnica hasta daños a viviendas, vehículos e instalaciones públicas en un mismo punto o en varios al mismo tiempo en un país. Constituyen riesgos difíciles de determinar en cuanto a sus alcances, pudiendo considerarse desde hechos que causen daños aislados o secuencia de situaciones de alcance malicioso. Muchas pólizas estándar excluyen o limitan la cobertura en casos de riesgos políticos o disturbios civiles, requiriendo pólizas específicas o cláusulas adicionales que cubran estos eventos.

Un funcionario de la Municipalidad de Bella Vista Norte falleció acuchillado durante una fiesta de cumpleaños el fin de semana. Los supuestos autores del crimen fueron detenidos y desde la fiscalía consideran que el caso está prácticamente esclarecido.
Mientras la población sufre el azote cotidiano de la violencia criminal, el ministro del Interior, Enrique Riera, encargado de la seguridad interna, da parte de enfermo o asiste a algún mitin. Al parecer, en su agenda apenas figura la golpeada capital del Amambay: en la víspera de una reciente “marcha por la paz y la seguridad” realizada por los pedrojuaninos tras unos días sangrientos que causaron cinco víctimas mortales, el intendente Ronald Acevedo (PLRA) dijo que el año pasado el ministro estuvo allí solo durante media hora y que los mafiosos tienen “comprados” a muchos oficiales de Policía. Allí abundan los casos de sicariato. En lo que respecta a la violencia, los departamentos de Alto Paraná y Canindeyú no le van en zaga al de Amambay. El Gobierno debe entender que en materia de seguridad el Paraguay está lejos de “estar mejor”. Está cada vez peor.

Una mujer de 47 años recibió un balazo y falleció durante una discusión por el resultado de un partido con apuestas de por medio. La misma habría intervenido en una discusión entre dos jugadores y uno de ellos efectuó el mortal disparo, según informó la Policía Nacional.

PRESIDENTE FRANCO. Un alumno del séptimo grado acudió a clases con un cuchillo luego de protagonizar una gresca con un compañero durante la hora de Educación Física. Según audios, el menor habría asegurado que acuchillaría a su compañero en caso de ser expulsado de la institución. La directora de la Codeni dijo que la institución educativa activó el protocolo establecido por el MEC.