La magnitud del uso de los medios digitales por los jóvenes y las pruebas emergentes de sus efectos nocivos justifican tomar medidas inmediatas, según expertos, quienes piden que los gobiernos exijan a las empresas tecnológicas que compartan datos sobre cómo sus funciones afectan a la salud.
La serie, firmada por trece expertos internacionales y basada en una revisión de estudios, considera que medidas aisladas, como los límites de edad, no son suficientes por sí solas para hacer frente al riesgo de que los daños digitales afecten a la salud.
Así, abogan por una gobernanza coordinada de los sistemas digitales, en la que la salud y la seguridad en línea de los niños y los jóvenes se conviertan en una “prioridad política mundial inmediata”.
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Esta nueva revisión global abarca datos de nueve millones de menores de 25 años en 121 revisiones.
Mayor riesgo de problemas comunes de salud mental
El uso problemático del entorno digital está relacionado con un mayor riesgo de problemas comunes de salud mental, trastornos del sueño y una reducción de la actividad física, mientras su uso moderado se asocia con algunos beneficios.
Los autores advierten de que el grado de certeza de los hallazgos, tanto sobre los efectos nocivos como los beneficios, es bajo, por lo que “se necesitan urgentemente más investigaciones”.
Sin embargo, esa circunstancia no debería retrasar la adopción “de medidas inmediatas y preventivas en materia de salud pública” coordinadas a escala mundial.
El uso del entorno digital forma parte del tejido de la infancia y de la vida de los jóvenes adultos, indicó la coordinadora de la serie, Ilona Kichksusch, del Laboratorio de Transformaciones Digitales para la Salud (DTH-Lab).
La experta aseguró -citada por la revista científica- que los gobiernos “han permitido que las empresas tecnológicas establezcan sus propias reglas, lo que ha dado lugar a modelos de negocio diseñados para captar la atención y recopilar datos, dejando la salud en un segundo plano”.
El riesgo de daños digitales debe reducirse mediante políticas coordinadas y de amplio alcance, que incluyan hacer frente a las tácticas que utilizan las empresas tecnológicas para resistirse a la regulación.
“Los datos más valiosos sobre cómo estas plataformas afectan realmente a los usuarios permanecen ocultos dentro de las empresas tecnológicas, lo que limita el escrutinio independiente y frena el progreso científico”, aseguró la investigadora de DTH-Lab Louise Holly.
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Una recomendación clave -dijo- es que “los gobiernos exijan a las empresas tecnológicas que compartan datos sobre cómo sus funciones afectan a la salud de los usuarios con investigadores de interés público debidamente acreditados, y que proporcionen la infraestructura jurídica y técnica necesaria para que ello sea posible”.
Manual de defensa corporativa
Las empresas tecnológicas están recurriendo a un ‘manual de defensa corporativa’ para retrasar, debilitar o moldear la regulación en respuesta a las pruebas de que sus productos pueden ser perjudiciales para la salud.
Los firmantes aseguran que ninguna medida por si sola es suficiente y abogan por “una acción política amplia y coordinada a nivel empresarial, nacional y mundial”.
Dicha acción debe exigir a las tecnológicas evaluar los posibles daños de los nuevos productos o funciones antes de lanzarlos al mercado y que compartan datos sobre cómo afectan a la salud.
Además, pasa por un tratado de gobernanza mundial, a través de la Organización Mundial de la Salud (OMS), para establecer normas básicas que eviten que una regulación deficiente en un país socave los avances logrados en otros lugares, así como un organismo internacional específico para supervisar los daños que la IA causa a los niños y los jóvenes.
Con una gobernanza adecuada, destacó Kickbusch, “es posible lograr un mundo digital más saludable para los jóvenes, uno que les permita beneficiarse de las oportunidades que ofrece internet sin un riesgo sustancial para su salud”.