“Sería un grave error, que empeorará el uso de los recursos públicos porque esto será financiado con recursos tributarios”, afirmo el exministro sobre la eventual aprobación del proyecto de ley “Que regula el régimen de actualización de los haberes jubilatorios de los funcionarios y empleados públicos jubilados de la Administración Central y del Servicio Civil”.

La Cámara de Senadores en la sesión ordinaria de hoy jueves tiene previsto el estudio del referido proyecto de ley, que fue presentado por el senador Martín Arévalo (ANR-cartista) y cuenta con el apoyo de las asociaciones de jubilados de la Caja Fiscal.

El proyecto tiene dictamen en mayoría por la aprobación con modificaciones de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, presidido por el senador Juan Darío Monges (ANR-cartista); en tanto que el dictamen en minoría que recomienda su rechazado, fue firmado por el senador Stephan Rasmussen (PPQ).

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El exministro Barreto señaló a ABC que el sistema de jubilaciones tiene su lógica, en donde cada funcionario realiza aportes a un fondo común de jubilaciones para recibir una jubilación a su retiro de la vida laboral activa y percibe su jubilación en base a los aportes efectuados.

“No se puede desvincular una cosa de la otra porque se rompe el sistema. Si se rompe el sistema hay que aumentar los aportes de los funcionarios activos, aumentar la edad de jubilación y reducir la jubilación de los actuales jubilados”, argumentó el economista.

A su criterio, con la situación de quiebra que ya tiene la Caja Fiscal ésta ley la empeorará e incrementará el uso de recursos tributarios para financiarlo y esto es injusto para el conjunto de la ciudadanía.

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“Recordemos que los funcionarios públicos tienen ingresos más altos que los trabajadores privados y encima se está usando impuestos que pagan todos los ciudadanos para subsidiar sus jubilaciones y pensiones”, expresó.

En ese sentido, Barreto insistió en que además de injusto es altamente inequitativo y amplia la desigualdad social en nuestro país.

Aporte costará US$ 220 millones

La Comisión de Hacienda del Senado introdujo modificaciones al proyecto original, lo que a criterio de las autoridades del Ministerio de Hacienda empeorará la situación deficitaria de la Caja Fiscal y tendrá un fuerte impacto en las finanzas públicas, teniendo que establece un aporte del Estado de 9,5%.

El viceministro de Economía de Hacienda, Iván Haas, adelantó el último martes, luego de conocerse la modificación introducida por la referida comisión, que el aporte tendrá un costo adicional de alrededor de US$ 220 millones al año, lo que indicó el Tesoro Público no tiene disponible.

El nuevo proyecto también limita al 50% el uso de los excedentes para cubrir el déficit del sector civil, que en este caso es el sector docente, cuando que actualmente la ley permite usar el superávit acumulado para financiar esa brecha.

Jubilados harán manifestación este jueves

Ante la oposición de Hacienda, que pidió al Senado posponer el estudio del proyecto de ley, los jubilados harán en la fecha una manifestación frente a la sede del Congreso y pedirán a los legisladores aprobar el proyecto de ley de actualización de haberes de la Caja Fiscal.

Las asociaciones de jubilados insistieron ayer por redes sociales que los jubilados deben asistir para reclamar lo que por Constitución Nacional les corresponde, que es la actualización de sus haberes.

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La Caja Fiscal cuenta con 68.492 beneficiarios registrados, de este total 58.295 son jubilados y 10.197 herederos o pensionados. En tanto, la cantidad de funcionarios activos que aportan para su jubilación asciende a más de 230.000.

Esta caja administrada por Hacienda está conformada por seis sectores públicos: empleados públicos, docentes universitarios y magistrados judiciales, que al mes de mayo registran superávit de 97%, 18% y 22%, respectivamente. Por su parte, los sectores de policías, militares y maestros, registran déficit de 57%, 72% y 46%, respectivamente.

Promesa de campaña del presidente Abdo Benítez

Los jubilados del sector de empleados públicos, vienen insistiendo en la aprobación del proyecto de ley de actualización de haberes, porque fue una promesa de campaña del presidente de la República, Mario Abdo Benítez.

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Para Hacienda, la actualización implica equiparar la jubilación con los sueldos de los funcionarios activos (en sus respectivas categorías), por lo que se opone a este proyecto debido a que representará un fuerte golpe al Tesoro Público.

Las asociaciones de jubilados, sin embargo, aseguran que están los recursos necesarios para financiar la actualización sin poner en riesgo la sostenibilidad de la Caja Fiscal, atendiendo que el sector de funcionarios tiene superávit cada mes y dispone de unas reservas que superan los US$ 800 millones.