El informe de Hacienda revela que a julio se abonó en concepto de intereses de la deuda de la Administración Central más de G. 1,7 billones (US$ 249,5 millones), lo que representa un aumento de 13,1% con respecto al mismo periodo del año pasado.
La cartera destinó en el referido periodo G. 202.000 millones (US$ 28,8 millones) más que el año pasado, para estar al día con los acreedores, organismos financieros internacionales e inversionistas que tienen en su poder los bonos del Tesoro.
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Señala que el monto abonado de enero a julio implica una ejecución del 44,6%, con respecto a la meta proyectada para el cierre del ejercicio 2022.
El informe da cuenta que el monto total que deberá abonarse hasta diciembre asciende a más de G. 3,9 billones (US$ 558,7 millones).
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Aumenta la deuda pública
Los intereses crecen en la medida que la deuda pública aumenta, ya sea por la contratación de préstamos o la emisión de bonos del Tesoro.
A junio la deuda de la Administración Central alcanzó US$ 12.851,1 millones, lo que equivale al 32% del producto interno bruto (PIB), en tanto que de las Entidades Descentralizadas llegó a los US$ 1.599,2 millones, lo que representa 4% del PIB.
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De este modo la deuda pública total, que incluye la Administración Central y Entidades Descentralizadas, asciende a US$ 14.450,3 millones al cierre del primer semestre, lo que equivale al 36% del PIB, según los datos del último informe emitido por Hacienda.
Financiamiento del gasto corriente
La cartera económica anunció esta semana que en el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2023, que está en proceso de consolidación, ya no contemplará la posibilidad de seguir pagando gastos corrientes con deuda, como se venía haciendo por la pandemia por covid-19 desde 2020.
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Esto implica que los intereses de la deuda volverán a financiarse con recursos genuinos, atendiendo que la Ley N° 1535/99 de Administración Financiera prohíbe pagar gastos corrientes con deuda y los intereses del pasivo son considerados gastos corrientes.
Durante la pandemia, con la excepción establecida en la ley de emergencia, el Tesoro utilizó del préstamo de emergencia US$ 300 millones para pagar los salarios públicos, US$ 51 millones para pagar jubilaciones y pensiones, y US$ 79 millones para el servicio de la deuda pública, en tanto que en los años siguientes siguió esta práctica para cubrir pensiones y en parte salarios del personal del Ministerio de Salud.
