Tras las críticas por incumplir ley, Fepasa sube datos públicos a la web

Desde la tarde de ayer, en el portal de Ferrocarriles del Paraguay SA (Fepasa) ya se encuentran en el ítem de información pública varios documentos en formato PDF que corresponden al resumen mensual de pago de salarios de funcionarios de la empresa, que si bien es una SA tiene como principal accionista al Estado.

De esta manera, la institución presidida por Lauro Ramírez, tras incumplir durante años la disposición de la Ley N° 5189 “Que establece la obligatoriedad de la provisión de información en el uso de los recursos públicos sobre remuneraciones y otras retribuciones asignadas al servidor público de la República del Paraguay”, finalmente subió los datos públicos.

Fepasa acumula nueve notificaciones referentes al incumplimiento de dicha ley, con multas por G. 132 millones, según un informe de la Secretaría de la Función Pública (SFP) al que accedió nuestro diario.

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ABC preguntó al respecto a Ramírez el fin de semana y su primera respuesta fue que “ya habló del tema”, que Fepasa es una empresa privada y que, por lo tanto, no tiene la misma clasificación que las demás instituciones. Seguidamente, calificó a la citada ley de “sin sentido”.

Sin embargo, la SFP observó que la obligación de informar los datos públicos sobre remuneraciones es para todas las instituciones públicas, binacionales y aquellas accionarias en las que el Estado tenga participación, como es el caso de Fepasa. De ahí que se le haya enviado las notificaciones de incumplimientos y se le haya aplicado multas, aunque hasta el momento estas no se pagaron.

“Modificación fue retroceso”, dice Federico Legal

Federico Legal, abogado de la organización IDEA y activista por el libre acceso a la información pública, lamentó la modificación de la Ley N° 5.189 en 2016, dos años después de su promulgación.

Mencionó que anteriormente, los pagos de las multas por incumplimiento de dicha normativa estaban aplicadas de los titulares de los organismos involucrados, es decir, ellos debían pagar “de su bolsillo”. Sin embargo, tras dicha modificación, ahora queda bajo la responsabilidad de la institución pública el pago por esas sanciones.

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“La modificación fue un retroceso”, recalcó. Es decir, la máxima autoridad debía pagar las multas con sus recursos propios, y ahora, con la normativa vigente, es la institución, es decir, el dinero público que vuelve al Tesoro por pagos de multas, dijo.

Destacó que la esencia de la ley es promover la transparencia del Estado.