A través del referido decreto reglamentario se establecen las normas y los procedimientos para la ejecución del presupuesto vigente, aprobado por el Congreso con modificaciones y cuyo monto asciende a más de G. 105,3 billones (US$ 14.844 millones al cambio presupuestado).

El proyecto de decreto, como se había adelantado desde la cartera fiscal a inicios del mes, prevé la implementación gradual de los aumentos salariales y las creaciones de cargos que fueron incorporados en el presupuesto por el Parlamento.

Los incrementos para determinados sectores se irán incorporando en el segundo semestre del año, de acuerdo al nivel de ingresos tributarios disponibles en ese momento a fin de mitigar el impacto en las finanzas públicas.

Lea más: Hacienda recomienda a Mario Abdo que promulgue el Presupuesto 2023

Hacienda había estimado el costo adicional de la aplicación de las subas salariales y las creaciones de cargos en unos US$ 50 millones, por lo que la intención es reducir este monto en 75% a 50% de ser posible mediante la incorporación gradual.

La ley de presupuesto establece el tiempo en que entrarán en vigencia los aumentos, casi todos en el segundo semestre, pero en los casos del Ministerio de Salud y la Universidad Nacional de Asunción (UNA) en noviembre.

En los casos de los aumentos del 11,4% previstos para policías y militares, gobernadores y miembros de las Juntas Departamentales por la variación del sueldo mínimo, así como el 16% para los docentes se mantienen las fechas establecidas.

Lea más: Hacienda prepara aplicación gradual de aumentos y cargos

Según la ley de presupuesto los militares, policías, gobernadores y miembros de Juntas Departamentales cobrarán el 50% del aumento desde este mes de enero y el otro 50% en julio; en tanto que los docentes recibirán 8% de incremento en marzo y 8% en julio.

El proyecto de decreto está a la espera de la firma del presidente Mario Abdo Benítez para su puesta en vigencia, confirmaron desde Hacienda y adelantaron que también están preparando el proyecto de decreto que establecerá el plan financiero, que implica los montos que tendrán disponibles las entidades públicas para ejecutar sus programas durante el año.