En la nota la profesional le señala al presidente de la República que existe un retraso de la administración tributaria en el cumplimiento de las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas emitidas a favor de los contribuyentes, generando no solamente un perjuicio para el administrado sino para el propio Estado paraguayo que termina pagando intereses y recargos exhorbitantes.
“Estos incumplimientos, como bien ya lo ha manifestado la propia Corte Suprema de Justicia, traen aparejada una responsabilidad por parte del funcionario público debido a la negligencia en el ejercicio de sus funciones, especificamente, en estos casos del Señor Viceministro de Estado de Tributación Abog. Óscar Orué”, indica la nota.
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Añade, que prueba de ello son los más de 40 casos perdidos solamente en el periodo 2022 por el Estado paraguayo, los cuales fueron analizados en un libro de su autoría, que contiene una investigación sobre el análisis de las posturas de la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal de Cuentas.
Ruoti dijo que no dejarán que se tome como si el problema fuera solo el sistema Marangatu, ya que en realidad el problema más importante es que le quitaron a los contribuyentes las rectificativas, poniendo una gran cantidad de condiciones que son muy costosas, así también el derecho a las notas de créditos.
Sanciones para los que violan la Constitución
A su criterio, el artículo 106 de la Constitución Nacional (CN) obliga a los funcionarios negligentes a pagar con su dinero las consecuencias de sus actos violatorios a la ley como son violar los plazos para sumarios y fiscalizaciones, entre otros, que generan incertidumbre al contribuyente.
En ese sentido, adelantó que están analizando presentar una consulta constitucional sobre como hacer para que estos casos que perdió el viceministro Orué y otros funcionarios calificado por la Corte como actos de negligencia y violatorios al buen gobierno, el ocupante de turno de esos cargos respondan con su propio patrimonio.
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Ruoti señaló que nos encontramos ante una próxima elección y si las autoridades, llamense ministros o viceministros y cualquier otro, no entienden que la democracia exige el cumplimiento de la ley y el derecho administrativo, lo que no está permitido está prohibido, seguirán tomando acciones para que estas sentencias declaradas por la Corte como acción negligente de, según dijo, la mayoría del viceministro Orué y otras de Marta González (exviceministra del gobierno de Horacio Cartes), puedan tener la sanción que corresponde en el artículo 106 de la CN.
La abogada viene cuestionado la administración del viceministro Orué por lo señalado y por los problemas que registra el sistema Marangatu para que los contribuyentes puedan cumplir las obligaciones tributarias en tiempo y forma. En ese sentido, considera que cargar con multas a los contribuyentes y contadores viola el estado de derecho y representa un abuso de poder.