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Las entidades están en pleno proceso de elaboración de sus respectivos anteproyectos de presupuesto 2024, teniendo como referencia los lineamientos establecidos y de base los topes de gastos presupuestados para el presente ejercicio 2023.
Los técnicos de Hacienda explicaron que en materia de gastos financiados con recursos del Tesoro (principalmente impuestos, royalties y compensaciones y otros) no deberán pasar de G. 35,7 billones (US$ 4.919 millones al cambio vigente).
En cuanto a los gastos cubiertos con los fondos provenientes de crédito público (emisión de bonos y préstamos), no tendrá que superar los G. 15,6 billones (US$ 2.159 millones).
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Con respecto a este último punto, recordaron que el próximo año el déficit fiscal de la administración central deberá volver al tope de 1,5% del producto interno bruto (PIB), establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal.
Las entidades podrán remitir a consideración de Hacienda los gastos que quedaron fuera de los anteproyectos, de tal manera a que la cartera evalúe la pertinencia de su inclusión en el proyecto final.
No incluye aumento salarial
En esta etapa de la elaboración de los anteproyectos, los organismos no están habilitados a contemplar aumentos salariales, ya que esta decisión política se toma en la etapa en que Hacienda debe consolidar el proyecto de presupuesto, que ya contará con la participación del equipo de transición del gobierno electo.
Considerando que las finanzas públicas debe retornar al tope de déficit fiscal de 1,5% del PIB, difícilmente el gobierno saliente y el gobierno entrante incluyan subas salariales, pero no se descarta que durante el estudio del plan de gastos en el Congreso los parlamentarios planteen para algunos sectores de los funcionarios, como ocurre cada año.
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El presupuesto vigente asciende a G. 105,4 billones (US$ 14.844 millones), lo que equivale a 33,9% del PIB, asigna recursos a 106 instituciones públicas que forman parte de la administración central y de las entidades descentralizadas, cuenta con 316.897 cargos de funcionarios permamentes y más de 55.000 funcionarios contratados.
La administración central prevé para el presente ejercicio un déficit fiscal de US$ 1.001 millones, que equivale al 2,3% del PIB, que se cubre con emisión bonos del Tesoro y préstamos de organismos multilaterales.