Copaco: Asamblea confirmó a Sante Vallese, pero no aprobó su balance

La Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco) finalmente realizó hoy la asamblea general ordinaria de accionistas, en la que no se aprobó el balance general y el estado de resultados correspondiente al ejercicio fiscal del año pasado, por varias observaciones que realizó la Dirección General de Empresas Públicas.

El balance de la estatal registra una pérdida de G. 188.000 millones (US$ 26,1 millones al cambio actual) hasta diciembre del año pasado, de acuerdo con los datos preliminares.

Asimismo, en la asamblea se confirmó a Sante Vallese como presidente de la estatal, pero se cambió al síndico, Francisco Manzi, quien fue reemplazado por Julio César Ledezma.

Como de costumbre, en Copaco negaron que se haya realizado la asamblea en las instalaciones de la estatal, pero la Procuraduría General de la República (PGR) confirmó que la reunión se desarrolló a las 10:30 horas en el ente.

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Instrucciones de Mario Abdo Benítez

La Procuraduría informó que en las instalaciones de Copaco se dio prosecución a la asamblea general ordinaria del 29 de mayo de 2023, que había quedado en cuarto intermedio.

“El Procurador General, como representante del Estado (accionista mayoritario de Copaco SA), recibió las instrucciones del Presidente de la República (Mario Abdo Benítez) para proponer en asamblea la confirmación como presidente de la compañía del ingeniero Sante Vallese y la designación de Julio César Ledezma como síndico titular de la compañía”, informó la institución.

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Respecto al balance general y la memoria, informó que fue postergado el tratamiento de los mismos hasta que el directorio presente a la Dirección General de Empresas Públicas, dependiente del Ministerio de Hacienda, los ajustes señalados en el dictamen técnico realizado por dicha dependencia.

Asimismo, el Procurador General, en virtud a las instrucciones recibidas del Poder Ejecutivo, reiteró al presidente de Copaco la realización de “un plan de mejoras en base a las observaciones realizadas por el síndico y las auditorías, solicitando sea elevado el informe dentro del plazo de 30 días a la Dirección General de Empresas Públicas”.