Pedirán que Contraloría audite APP de ruta PY02 que beneficia a firma “amiga”

El Ing. Ricardo Canese y el Ing. Hermann Pankow presentarán hoy una denuncia ante la Contraloría sobre varias irregularidades detectadas en la obra de la ruta PY02, que es el primer proyecto que se ejecuta a través de la ley APP. Pedirán una auditoría y resaltaron los beneficios que obtuvo el consorcio Rutas del Este a través de cuatro adendas al contrato.

Cuestionan irregularidades en la fijación de precios de los peajes de Ypacaraí y Nueva Londres.
Cuestionan irregularidades en la fijación de precios de los peajes de Ypacaraí y Nueva Londres.FAUSTINA AGUERO

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El Ing. Hermann Pankow y el Ing. Ricardo Canese, presentarán hoy una denuncia en la Contraloría General de la República (CGR), sobre varias irregularidades que fueron detectadas en el marco del contrato de duplicación de la Ruta PY02, que es la primera obra que se ejecuta en el país a través de la Ley Nº 5.102/13 de Alianza Público Privada (APP).

Según indicó Pankow, esta obra fue adjudicada durante la presidencia de Horacio Cartes al consorcio Rutas del Este, integrado por Sacyr (España), Mota Engil (Portugal) y Ocho A (Paraguay), único oferente que se presentó en la licitación, pese a que presentó una elevada oferta y, además, indicó que durante el Gobierno de Mario Abdo Benítez, fue beneficiado con cuatro adendas, que modificó el contrato firmado con llamativos privilegios al consorcio.

Señaló que también llama la atención que el MOPC haya permitido que la portuguesa Mota Engil ceda sus acciones a Ocho A, del senador Luis Pettengill (cercano del presidente Abdo Benítez), que se quedó con el 40% del consorcio tras esta operación. Según dijo, esto violó la ley APP e incluso el contrato firmado, pues la cesión de las acciones de las contratistas solo se podía concretar una vez culminadas las obras, que hasta la fecha no ocurre.

Por otro lado, el ingeniero cuestionó las prórrogas exageradas que se dio a la empresa y que incluso se le haya permitido recortes de importantes obras como la circunvalación de Ypacaraí, además de dos viaductos y enlaces que debían erigirse en Caaguazú.

Ruta PY02: Las adendas rubricadas

En este sentido, Pankow señaló que en la adenda 1, firmada el 28 de noviembre de 2018, el ministro Arnoldo Wiens ratificó el plazo de 30 meses para la culminación de la obra, pero en ese momento, la obra seguía sin tener financiación, pues la empresa consiguió la financiación recién en junio del 2019, con “ayuda del actual Gobierno”.

Al mismo tiempo, indicó que con la adenda 2, del 15 de diciembre de 2020, Wiens elevó las cláusulas del contrato original de 41 a 54, se llevó el plazo de obra a 40 meses (nueva fecha de finalización noviembre 2022, porque la orden de inicio fue en julio 2019).

Además, resaltó que en esta adenda se aumentó lo que paga el Estado en US$ 6,9 millones como compensación a Rutas del Este y se fijó un precio de peaje igual que el tramo concesionado de Tape Porã agregando la cláusula 45 al contrato.

Asimismo, señaló que con la adenda 3, firmada el 31 de enero 2022, se agregó otro pago de US$ 27,8 millones a Rutas del Este por la circunvalación de Itacurubí, pese a que otras costosas circunvalaciones, como la de Ypacaraí, no se hicieron.

Por último enfatizó que la adenda 4 también aumenta otros US$ 15,2 millones el contrato por “obras complementarias” y agrega 9 cláusulas a la adenda 2. Esta adenda ya fue firmada por el hijo de Luis Pettengill, Juan Carlos Pettengill, el 20 de febrero del 2023, y además permitió que el peaje se aumente según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Por el MOPC esta adenda firmó el ministro Rodolfo Segovia.

Peaje irregular en ruta PY02

A su turno, el Ing. Ricardo Canese mencionó que también denunciarán la reiterada transgresión y el inconstitucional procedimiento de fijación de la tarifa por parte del MOPC. “Hemos tomado conocimiento que el MOPC ha vuelto aumentar los peajes en el puesto Ypacaraí de la ruta 2 concesionada de 5 mil a 15 mil guaraníes (200%), pero, ante las protestas, anunciaron bajarlos a 10.000 guaraníes. Esto confirma la ilegitimidad de este aumento, ya que confirma que no está respaldado por un contrato o una ley que permita alterar las tarifas establecidas”, expresó.

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